En el mes de diciembre del año pasado los 32 gobernadores del país radicaron el Proyecto de Ley sobre las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y su posterior conversión en Región Entidad Territorial (RET) o Ley de Regiones. Esta legislación fortale-ce las RAP porque les permite recibir recursos del Presupuesto General de la Nación y pre-sentar proyectos al Sistema General de Regalías además de fijar los parámetros para evolu-cionar hacia RET.

Esta iniciativa no es un capricho de los mandatarios territoriales, es un reclamo por el derecho a la descentralización. Hasta hoy se han constituido en el país cuatro (4) RAPS (Cen-tral, Pacífico, Caribe, Eje Cafetero), y están en proceso otras tres (3) (Amazonía, Orinoquía, Sur). Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que tiene este modelo de asociatividad departamental para la modernización político-administrativa del Estado, de generar más capacidad de gestión, desarrollo y de propiciar bienestar social, no ha sido posible su apro-bación.

El reflejo del asfixiante centralismo viene esta vez por cuenta del Ministro de Hacienda que puso un sin número de escollos y obstáculos, a pesar de que el Presidente Duque lo prome-tió en campaña y posteriormente en la anterior cumbre de gobernadores manifestó su apoyo total a esta Ley.

De esta manera el Nuevo Liberalismo le hace un llamado al Gobierno para que permita a las regiones construir su destino desde lo local a lo nacional. Además, que les deje solucionar sus asuntos de seguridad, alimentación, educación y movilidad desde su propia realidad, no desde la percepción “técnica” del escritorio de un funcionario en Bogotá. Los mandatarios locales pasan más tiempo en la capital mendigando  recursos para su departamento o muni-cipio que en sus territorios resolviendo los problemas de sus habitantes.

También creemos que la Constitución de 1991 incluyó el ordenamiento territorial como un proceso que necesita ser priorizado por el Estado. Pero, el Gobierno actual se ha dedicado a reemplazar la autonomía local con los llamados “talleres construyendo país”. Estos consejos comunitarios 2.0 debilitan aún más la enclenque institucionalidad regional y sustituyen la legitimidad de Gobernadores y Alcaldes.

Sin descentralización no hay paz. Es necesario abordar el tema con responsabilidad y serie-dad, incluyéndolo en la agenda nacional como prioridad. La autonomía, legitimidad y forta-leza de las entidades territoriales están en juego, pero sobre todo la de sus ciudadanos que, por culpa del desinterés del nivel central en reconocer este principio, son los más afectados debido a que sus problemas se invisibilizan diariamente por parte del Gobierno Nacional.