Anif acuñó recientemente una frase por la cual ya recibió el regaño correspondiente, pero que no carece de razón: dijo que el Ministerio de Hacienda se está especializando en el peligroso arte de postergar las medidas tributarias de fondo.
La mejor prueba de ello la tuvimos recientemente, cuando el ministro de Salud, agobiado seguramente por la crisis fiscal y teniendo que asumir un papel que no es el suyo, se vio en la necesidad de dirigirse a la comisión de expertos tributarios solicitándoles que estudien un impuesto a las bebidas azucaradas y otras medidas que podría generar importantes ingresos para el maltrecho sector de la salud.
¿Qué tal que por falta de coordinación otros ministros comenzaran a disparar reformas tributarias, cada uno por su lado?
Los analistas coinciden en que los faltantes del sector salud son inmensos: del orden de un punto del PIB, es decir, algo así como ocho billones de pesos.
Para lo cual no hay financiamiento. De ahí que el ministro Gaviria se viera obligado a proponer fórmulas fiscales.
Tal como lo revela el presupuesto para la vigencia del 2016, el déficit fiscal sigue siendo gigantesco.
Hasta el punto que obligó al Gobierno a realizar recortes despiadados en el rubro de inversión para el año entrante, golpeando los objetivos de inversión que se habían incluido en la ley del Plan de Desarrollo sancionada hace menos de un mes.
¿Cómo se explica que en menos de un mes (que fue el tiempo que transcurrió entre la aprobación del plan cuatrienal y la presentación del presupuesto para la vigencia 2016) se hubiera dado un giro de 180 grados y los responsables de la programación presupuestal cayeran en cuenta de que a la inversión del plan había que recortarla?
Infinidad de programas que se anunciaron a los cuatro vientos quedarán en eso: en anuncios.
La opacidad en las cifras fiscales sigue marcando el paso. Por ejemplo, Fernando Zarama Vásquez y Camilo Zarama Martínez, en un libro que acaban de publicar (Editorial Legis, 2015) demuestran cómo las reformas tributarias del 2012 y del 2014 (además de los defectos técnicos de que están plagadas y del costoso error en que incurrieron al elevar las tarifas de las empresas a niveles exorbitantes) han generado menos recaudos que si no se hubiera hecho nada.
Ahora vienen las conclusiones de la comisión de expertos. Todo indica que este año solo se acogerán sus recomendaciones en lo atinente a las entidades sin ánimo de lucro. Lo que está bien, pero ciertamente está lejos de constituir una verdadera reforma estructural. Dicha reforma sería presentada –si acaso— en el 2016, para que entre en vigencia a partir del 2017. Solo que para ese entonces ya será tardía.
Mientras tanto, al Gobierno se le está acabando el tiempo político para tramitar una reforma de envergadura. Por el momento sigue –con una curiosa táctica homeopática— practicando el peligroso arte de postergar las medidas fiscales de fondo.
* Exministro de Hacienda y de Agricultura.
