La imputación a Sergio Fajardo por parte del fiscal general, Francisco Barbosa, deja un sinsabor y desconcierto para todo el país. Así, quien se había comprometido a no politizar este híper poderoso ente acusador que carece de control, pesos y contrapesos, lleva una cadena de decisiones que hacen inevitable concluir que más que la justicia, su motivación es política.
Según un informe de Naciones Unidas de 2019, la impunidad en Colombia oscila entre el 84 y el 96%. En lo que va corrido de 2021, el país ha tenido más de 26 masacres y 95 personas asesinadas. 2020 fue el año con mayor número de masacres desde 2014: 76 y 292 asesinados. ¿Esclarecer estos gravísimos crímenes no debería ser la prioridad de la Fiscalía? No lo es. En lugar de enfrentar esta dolorosa y vergonzosa realidad, se ha empeñado en construir casos totalmente subjetivos contra dirigentes de la oposición. El último, es una clara maniobra de asesinato judicial contra el centro político e ideológico, con el propósito de impedir su consolidación que es lo que necesita y quiere la mayoría del país.
En Colombia, el estado de ánimo de la gente se puede resumir hoy en dos palabras: angustia y desconfianza. A este explosivo ambiente emocional, se suman las elecciones de 2022, en donde el elector debe aprender a diferenciar, con argumentos, con verificaciones, este tipo de hechos que crean una absurda percepción de presunción instantánea y automática de culpabilidad. Es necesario buscar mecanismos internacionales, objetivos, imparciales y garantes en la verificación de la transparencia para estas elecciones. El populismo engendra autoritarismo, abuso de poder y violencia. El país, si no actuamos en defensa de la democracia, puede terminar indefinidamente atrapado en esa troika oscura y criminal. La misma que tiene sometida a Venezuela.
El problema más grave que tiene la justicia es su falta de independencia. No es independiente en lo presupuestal, está clientelizada y carece de profesionalización. Cuando la justicia no puede o no quiere garantizar el Estado Social de Derecho, proclamado en la Constitución de 1991, prosperan las vías de hecho, la justicia por propia mano y crece la desconfianza ciudadana en el poder judicial; la inversión (sobre todo la extranjera) se espanta. Alguien dirá: hemos tocado fondo; otro responderá sí, pero hace rato estamos escarbándolo.
Este desafío a la democracia y al Estado Social de Derecho debe convocar a todas las fuerzas políticas. No solo se trata de unirnos en el rechazo a la falta de independencia, el abuso de poder y la politización de la justicia; hablamos de una urgente y estructural reforma que evite alcanzar un punto de no retorno. Hoy es Sergio Fajardo, pero mañana puede ser cualquiera.
