Durante la apertura del foro económico internacional “La Agenda de Davos”, la Confederación Internacional contra la Pobreza (OXFAM) publicó la semana pasada un impactante informe. Dicho reporte indica que las 1.000 personas económicamente más poderosas del mundo (0.000013% de la población) recuperaron sus pérdidas por causa de la COVID-19 en tan sólo nueve meses, mientras que los más pobres -miles de millones de personas- podrían tardar hasta una década.
Así mismo afirma que, con el incremento de la fortuna de las diez personas más ricas del mundo, bastaría para que ninguna -sí, ni una sola- persona en el mundo cayera en la pobreza a causa de la COVID-19 y además solventaría la financiación de una vacuna universal. Estas contundentes conclusiones, crean un ambiente desalentador, que obliga a los gobiernos a replantear sus políticas para combatir la profunda crisis social y económica que se espera para este año y el próximo lustro.
La extensa cuarentena que se inició en marzo del año pasado y que aún vivimos, ha conducido a la quiebra, sectores como teatros, restaurantes, bares y otros, considerados como no esenciales. Ahora, si esto es en el sector formal de la economía, en el informal la situación es mucho peor. Familias enteras que vivían “del diario” tienen hoy grandes dificultades, han pasado de tres a dos comidas diarias y están a merced de delincuentes, como los prestamistas “gota a gota” que abundan ante la imposibilidad de acceso a un crédito en la banca formal.
Es imperioso que el Gobierno Nacional radique en los próximos meses una reforma tributaria, una ojalá esta vez sí integral, en la que no se repita la misma receta de siempre: la clase media, empleada, trabajadora, independiente, con una presión aún mayor para apagar el incendio fiscal y garantizarle caja a un gobierno que por interpuesta persona, arranca campaña electoral. El aumento del IVA a los productos básicos debe ser descartado tajantemente por el Congreso en caso de ser propuesto. Este impuesto, sobre todo mientras el Estado no garantice una devolución ágil a las personas de menos recursos, resulta ser en extremo regresivo y profundiza en lugar de corregir, las inequidades en la estructura de distribución del ingreso.
Es por esto que el ministro de Hacienda debe revisar las billonarias exenciones existentes (70 billones, de los cuales 40 billones corresponden a personas naturales y 30 billones a personas jurídicas) y reevalúe cuáles realmente deben permanecer y de una vez por todas las que deben desaparecer. Es hora de que el Ministerio piense en lo que es mejor para todos los colombianos y no solo para unos pocos. Aumentar la base gravable sí, pero además incentivar una cultura de pago de impuestos. El día en que veamos con el mismo repudio la evasión de impuestos y la corrupción, el país empezará a cambiar. Solo así tendremos un estado capaz de proveer bienes públicos de óptima calidad que contribuyan a la equidad y garanticen bienestar para todos.
