Muy oportuno y necesario el artículo del expresidente Santos, así como el comentario del ministro Gaviria, sobre la anunciada reforma de la salud. Me hizo pensar en lo importante que es el ejercicio intelectual al servicio del interés público –en defensa de la evidencia y el conocimiento, y en detrimento de las ideologías y los dogmatismos–. Ambos llegan a la conclusión de que la forma más rápida para avanzar en una sociedad es construir sobre lo construido, en vez de hacer un borrón y cuenta nueva.

La reforma de la salud es un buen ejemplo de cómo las cosas pueden salir muy mal cuando se gobierna a punta de eslóganes, despreciando las cifras y el análisis. Lo que debemos impulsar es una suerte de activismo académico que privilegia el rigor científico, pero que no se queda en las aulas a la hora de defender las tesis. Los datos, las cifras y los hechos como base de la discusión política. Eso es lo que nos hace falta en este momento.

¿Dónde están las evaluaciones de impacto que dicen que el sistema de salud actual colombiano es uno de los peores del mundo? ¿Cuáles son los estudios comparados que dicen que el modelo que se quiere adoptar es muy superior? ¿De dónde sale la idea de que la cobertura universal y el bajo gasto de bolsillo en Colombia son parte de un experimento fracasado?

El sistema de salud ha sido el fruto de una construcción colectiva en la que han intervenido todos los gobiernos desde 1990, y donde han jugado un papel muy importante el Congreso y las altas cortes. El resultado final no es óptimo ni ideal –y mal haríamos en caer en una falsa complacencia, pero sí es mejor que lo que teníamos antes y de lo que hoy tienen la mayoría de países.

Por ejemplo, la unificación de los beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo fue decisión de la Corte Constitucional. Materializar el fallo en 2015 requirió un esfuerzo presupuestal gigantesco. La eliminación del impuesto a la nómina para los asalariados de menos de 10 salarios mínimos –y su reemplazo con unos puntos del impuesto de renta empresarial para pagar la salud– fue indispensable para aumentar la formalización laboral a partir de 2013 y, de paso, reducir la presión sobre el régimen subsidiado.

Los críticos del sistema actual argumentan que la quiebra de un número importante de EPS es prueba de que el sector privado no debería intermediar los recursos de la salud. Todo lo contrario: el Estado ha tenido la capacidad de intervenir y liquidar entidades cuando han hecho mal las cosas. El caso de la Nueva EPS –que, por cierto, es de propiedad estatal y de las cajas de compensación– es un ejemplo emblemático de éxito. Hoy tiene más de 10 millones de afiliados que cuentan con un punto de entrada confiable a los servicios de salud.

A juzgar por el programa con el que el presidente Petro inscribió su candidatura, el principal objetivo de la reforma es la creación de los Centros de Atención Primaria, algo que puede hacerse sin destruir lo que existe. Lo mismo ocurre con la dignificación de los trabajadores de la salud, como ocurrió cuando, a partir de 2018, los residentes comenzaron a recibir una remuneración de tres salarios mínimos, cuando antes no tenían ingreso alguno.

La reforma propone que acabará con la corrupción en la salud. Ahora, en vez de tener a las EPS controlando los gastos de las IPS, un gran fondo público decidirá qué se paga y qué no se paga. Si el Estado fue incapaz de auditar los 4 billones de pesos de cuentas por fuera del plan de beneficios, no puedo ni siquiera imaginarme lo que ocurrirá ahora que tenga que aprobar cuentas que superan los 40 billones de pesos al año. Juzguen ustedes lo que pasará con la corrupción.

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