Desde que en el país le ha dado a los alcaldes por implementar el sistema de fotodetecciones para “cazar” infractores del Código de Tránsito se escuchan quejas sobre abusos cometidos por este sistema. Hace un par de años en el Congreso de la República algunos congresistas presentaron proyectos de ley que buscan poner orden en este sentido para evitar abusos contra los ciudadanos.
Si de analizar se trata lo primero que hay que buscar son los respectivos contratos celebrados por las administraciones municipales -como es contratación pública pues están sometidos al escrutinio público- y desentrañar la letra menuda. Hay que preguntarse, por ejemplo, si es legal que, desde el punto de vista económico, el contratista obtenga un porcentaje superior al municipio en lo percibido por los comparendos, si es legal que esas dichosas cámaras estén ubicadas en vías nacionales donde el municipio no hace ninguna inversión, si la fijación del kilometraje al que se puede rodar donde está la detección electrónica tiene límite legal o lo pueden fijar caprichosamente los contratantes, etc.
Es por ello que con ocasión del auge de las fotomultas el congresista Mauricio Lizcano presentó hace exactamente un año, el respectivo proyecto de ley ordinaria con esta motivación: acabar la polémica y quitarle lo que consideran un negocio para los privados y un abuso contra los ciudadanos, poner en cintura las polémicas fotomultas que funcionan en gran parte del territorio nacional, exigir estudios técnicos previos para entrar a funcionar y quitarle potestad a los gobiernos municipales, sobre todo, en las vías nacionales que pasan por su jurisdicción y, finalmente, según Lizcano, con las actuales reglas de juego los particulares son los que se quedan con el mayor beneficio del cobro de comparendos electrónicos e incluso ha llevado a que los privados reemplacen a las autoridades de tránsito en distintas zonas del país.
El 11 de octubre seguí atentamente un debate en la Cámara de Representantes donde se deliberaba sobre un proyecto de ley presentado por Germán Navas Talero- sobre las fotomultas y otras “bellezas” que se dan en las Secretarías de Movilidad.
Pero este proyecto de ley, sin tenerlo a la mano y solo por lo que escuché, se queda corto y no colma las aspiraciones de los indefensos y desesperados usuarios de las calles y carreteras colombianas, porque en el proyecto, respecto a las fotomultas, limita su utilización exclusivamente cuando el vehículo se encuentre en movimiento.
Es cierto que las entidades territoriales deben buscar la forma de obtener recursos para el Tesoro, pero cuando en el ambiente hay rareza es porque algo sucede, la prueba está en que el nuevo alcalde de Villa del Rosario, por ejemplo, estuvo en desacuerdo con las fotomultas, porque el municipio pasó de recibir el ciento por ciento de su valor al 20 por ciento, el resto quedará en manos privadas. Así lo publicó La Opinión en abril de 2016. En Vanguardia Liberal leo que en Floridablanca tumbaron 10 mil 200 fotomultas por distintos medios. ¡A la carga!
