Ante los resultados electorales del pasado 29 de octubre en las elecciones territoriales el señor presidente de la República ha sido muy cauteloso o parco en sus declaraciones. No se ha pronunciado de fondo. Comentaristas políticos de todas las tendencias coinciden en que una de las causas de la merma electoral se debió a la baja ejecución presupuestal del gobierno nacional. Este razonamiento genera expectativa o preocupación por la posible reacción del Ejecutivo cuando las aguas se calmen, porque desde varios sectores se teme un cambio en su actitud.
Es precisamente en este punto donde existe angustia e inquietud porque la actitud del gobierno podría ser desbordar el gasto público para recuperar el terreno perdido. Pero hay un obstáculo: la regla fiscal, mecanismo creado en 2011 para señalar metas y tratar de reducir anualmente la diferencia gubernamental entre los gastos e ingresos de la Nación. Creo que fue suspendida durante 2020 y 2021 debido a la pandemia del coronavirus que exigía un mayor gasto público para hacerle frente a la crisis. Es decir, fuerza mayor.
Cuando se tiene interés en preservar las instituciones y la estabilidad económica de la Nación inevitablemente se disiente de la reforma, ajuste o flexibilización de la regla fiscal, y no se puede estar de acuerdo con ello porque implica dejar la puerta franca para que el gasto público se incremente enormemente. Mientras corra el dinero hay jolgorio popular, el problema es cuando lleguen los dolorosos: cuentas por pagar y servicio de la deuda si hablamos de empréstitos.
Hay que tener en cuenta que la regla fiscal no es sólo que el gobierno tenga un tope de gasto. Su propósito es garantizar por medios indirectos la estabilidad de las finanzas públicas. Superar el tope lleva a las calificadoras de riesgo a evaluar y emitir una calificación sobre su capacidad financiera, y eso implica aumento del costo de financiamiento y ahuyenta a los inversionistas porque no hay atractivo. Cuando la Constitución de 1991 hizo el tránsito de Estado de derecho a Estado “social” de derecho, la sola inclusión de esa palabreja implicó un gasto gubernamental enorme: gasto social. El debate está abierto y hay que seguir instituciones como ANIF y Fedesarrollo, entre otros, que realizan estudios serios.
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