Es entendible el desagrado que produce ver al otrora comandante guerrillero de las Farc Timochenko postulándose a la presidencia sin antes haber pasado por un filtro judicial donde se aclarasen sus diversos crímenes y respondiera por estos a las víctimas del conflicto.
Y es así, porque una guerra tan prolongada con esta exguerrilla fue tan dolorosa como evitable.
Sin embargo, más desagrado produce ver que una parte del Congreso -solo con fines electorales por las elecciones que se aproximan- obstaculice la posibilidad de que el componente más importante del Acuerdo de Paz con la Farc no se pueda desarrollar: la famosa JEP –Justicia especial para la paz- o para ser más preciso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
Esta es la parte trascendental del Acuerdo por cuanto involucra a las víctimas como sujeto esencial de dicho sistema: ¿cómo pretenden los opositores que se conozca la verdad, se juzgue a los victimarios y se repare a las víctimas sin la implementación del SIVJRNR?, ¿si en realidad importan las víctimas en Colombia –que ya son más de seis millones- este Sistema no sería la gran posibilidad para empoderarlas y volverlas el centro de protección como efecto de dicho Acuerdo?
Ahora resulta que las distintas bancadas en el Congreso presentan impedimentos de distinta índole para dificultar la aprobación de la Ley estatutaria que desarrollaría el mencionado SIVJRNR en aras de que los tiempos del “fast track” pasen y así dejar congelada la posibilidad de estructurar la JEP –que es un componente de dicho Sistema- y así poder avanzar de manera determinante en la implementación del Acuerdo.
Según lo que se desprende del Acto Legislativo 1 de 2017 el Sistema Integral estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
El Sistema Integral parte del principio del reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, entre muchos otros aspectos.
Entonces, al Congreso le debería importar más lo que pase con las víctimas y sus derechos que aquello que puedan estar pretendiendo las bancadas de Cambio Radical y otros partidos al obstaculizar la aprobación de la Ley Estatutaria que le daría desarrollo a dicho Acto Legislativo 01 de 2017.
¿Acaso ellos no refrendaron en el Congreso el Acuerdo de paz donde se dio por terminado el conflicto con la Farc y por ende conocen desde entonces los alcances de su contenido?. Si en realidad quisieran ver la imposición de la justicia restaurativa y las respectivas sanciones que contempla el Acuerdo para los principales jefes de la Farc que hayan cometido crímenes graves entonces ya debería estar aprobada la tan sonada JEP.
Mientras eso siga así solo hay impunidad y exacerbación del odio de la mayoría de los colombianos a la salida negociada que pactó el gobierno con dicho grupo. Lamentable que lo “popular” pese más que lo que necesita Colombia para superar la guerra.
