Escuché con atención el discurso del presidente Petro en la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio. Me llamó la atención el uso, a manera de muletilla, de la expresión “premoderno” para calificar todo lo que no le gusta y se debería cambiar. También que los avances de Colombia han sido, en el mejor de los casos, “balbuceantes

Pienso que a Petro se le debe confrontar en la misma cancha en la que plantea el debate. La realidad es exactamente la opuesta: hemos avanzado, pero si varias de las propuestas del actual gobierno se imponen, retrocederemos hasta convertirnos en un país premoderno, ahora sí balbuceante, hasta que la comunidad internacional --esa que tiene impresionado al Presidente por sus invitaciones a foros y cumbres-- nos vuelva a poner en la categoría de Estado fallido. Evitar que algo así ocurra, debería ser lo más importante para cualquier persona interesada en el futuro de Colombia.

Una herramienta recurrente del populismo contemporáneo consiste en dividir la sociedad entre buenos y malos. Petro es hábil para esto, estigmatizando a sus críticos como defensores de intereses particulares, por no decir corruptos. Para él, toda crítica es ideológica y malintencionada.

Aquí, de nuevo, la realidad es completamente la opuesta: las que tienen una verdadera carga ideológica son las iniciativas que plantea Petro. Su reforma laboral, por ejemplo, no consulta la evidencia y no defiende el interés general. Lo mismo pasa con la de la salud. Son reformas guiadas por dogmas y creencias, no por el conocimiento.

Tomemos el caso de la reforma laboral. La inmensa mayoría de economistas –de muchas vertientes diferentes— coincide en que la informalidad es el gran obstáculo al desarrollo y que, por lo tanto, su reducción debe ser una de las prioridades de las políticas públicas. Un trabajador informal no solo gana menos, sino que además no tiene acceso al crédito, que es indispensable para adquirir activos como la educación y la vivienda.

Ese problema se resuelve sólo de dos formas: facilitando el ingreso a la formalidad y sancionando a los empleadores que persistan en incumplir las normas laborales.

La tesis del Presidente dista bastante, pues considera necesario “empoderar” con más beneficios a los trabajadores formales, para que sean ellos quienes se encarguen de arrastrar el resto de la economía y, de paso, les resuelvan el problema a los trabajadores informales.

No es cierto, como aseguró el Presidente, que esto lo haya planteado Keynes. Hay un debate sobre si el aumento del salario mínimo es bueno o malo para sacar a una economía de una recesión, pero no conozco a nadie que defienda la idea de que para generar justicia social haya que otorgar más beneficios a los trabajadores formales, antes de poner el foco en la mitad de la población que gana menos de un salario mínimo. Esta es una reforma que les conviene a los sindicatos, pero no al pueblo.

Otra hipótesis que carece de fundamento real, planteada en el discurso del jueves pasado,  es que el conflicto armado entre Estado e insurgencia se acabó, y que ahora entramos en la fase de confrontación entre grupos que compiten por las rentas ilegales. Cientos de trabajos académicos han mostrado que lo que alimentó el conflicto colombiano desde 1980 fue precisamente el narcotráfico, y que lo que hemos vivido en las últimas cuatro décadas es un conflicto híbrido en el que se mezclan factores políticos y económicos. Es un error pensar que una negociación —como la que se pretende con las disidencias o la que se intentó con el Clan del Golfo— puede plantearse en términos políticos, cuando sus móviles son estrictamente económicos.

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Mal mensaje se le manda al país con la ausencia de los representantes del Gobierno en la reunión del Comité Nacional de Cafeteros, esta semana. A través de los años, la institucionalidad cafetera ha sido un punto de encuentro de todas las vertientes políticas, amigas y opositoras de los gobiernos de turno.

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