La semana pasada este diario publicó una editorial oportuna sobre el comportamiento delictivo en el Área Metropolitana de Cúcuta durante el 2022. Allí se dijo que, a pesar de haberse reducido el número de homicidios, la realidad muestra que cada 28 horas murió una persona de forma violenta. En lugar de generar alerta en las autoridades encargadas de hacer frente al delito, parece que la editorial paso desapercibida.

Este desinterés puede tener tres explicaciones. Una de ellas es que hablar de violencia y de su reducción no es muy atractivo para quienes ejercen el liderazgo político, a menos de que se utilice para atacar a un contradictor. Otra explicación es que las estrategias para reducir la violencia -como tantos otros temas de agenda pública- se han centralizado en el Gobierno Nacional, y no resulta ser un tema prioritario para alcaldes y gobernadores. Y, por último, es probable que algunos funcionarios piensen que sea mejor no pronunciarse sobre estos temas para quitarle importancia.

Quizá estas sean las razones por las que el gobernador muy pocas veces habla y muy pocas veces le preguntan sobre la violencia del departamento; el alcalde de Cúcuta repite hasta el cansancio que “la seguridad es un asunto de todos”; los alcaldes del Área Metropolitana callan tranquilamente; y unos cuantos candidatos utilizan los homicidios para quejarse de su rival electoral.

Detrás de este tema hay un reto enorme en el que Mario Zambrano ha venido insistiendo en sus análisis del programa Cúcuta Cómo Vamos. Ese reto consiste en agregar un elemento adicional a los dos grandes ejes sobre los que gira la agenda pública de la región. Esto implica que, además de la pobreza y el desempleo, la seguridad debe ser uno de los tres temas claves para el departamento.

En ese sentido, además de ser un recurso noticioso, los homicidios y los problemas de seguridad deben estar anclados permanentemente (insisto, permanentemente) en los programas de quienes aspiran a gobernar la región, en las investigaciones de quienes estudiamos sus problemas y en las conversaciones de quienes, en general, contribuyen a construir la agenda pública.

Por eso iniciaba citando la editorial de la semana pasada sobre los homicidios, pues cuando allí se dijo que “la dura realidad muestra que cada 28 horas asesinaron a una persona en el área metropolitana”, se escuchó como un grito desesperado hacia quienes toman decisiones y parecen acostumbrados al contexto violento en el que gobiernan. En esa misma dirección estaba dirigida la noticia que este lunes informó que, en menos de doce horas, se cometieron cinco homicidios y que finalizaba diciendo “resta esperar a que la Mecuc y la Alcaldía se pronuncien sobre esta racha de asesinatos”.

Se debe seguir insistiendo y actuando para que las autoridades expliquen lo que han hecho y lo que harán para garantizar el derecho a la vida, prevenir más muertes violentas en la región y hacer frente a los problemas de seguridad. Nada sencillo, pero para eso se postularon y fueron elegidos.