El dilema de morir de hambre o del virus, no encapsula el reto que tenemos con la cuarentena. El propósito no debe ser aplanar la curva, cantar victoria, y sostenerla meses o años si se requiere. Los países más exitosos en el manejo de la pandemia usaron las cuarentenas para darse tiempo para fortalecer su Sistema de Salud. Hay que ser conscientes que, por ahora, la COVID-19 se puede controlar más no detener. Durante mayo, 66 % de los casos en NY, fueron de personas que se quedaron en casa. Pensar detener la COVID-19 es como prometer acabar la gripa, suena útil, pero es imposible.
Lograr aumentar las unidades de cuidados intensivos (UCI), descentralizar las capacidades de diagnóstico, y cuarentenas individuales a tiempo es fundamental. Ya estamos llegando a casi 15 mil pruebas diarias y 54 centros de pruebas por fuera de Bogotá. Y aunque se requiere más, el esfuerzo es loable. El gobierno ha tratado de fortalecer la salud promoviendo un punto final a 6,8 billones de deuda. Ya se giró a las EPS 403.000 millones de este monto y 213.000 millones a los hospitales por deudas laborales. El reto está por otro lado.
La cuarentena, si bien redujo el ritmo de expansión del virus, ha resultado mortal para nuestros hospitales. El temor al contagio pospuso muchas intervenciones electivas y ambulatorias, reduciendo la facturación entre 50-60 %. Esta no atención, va a traer una bomba de costos en el futuro. La multitud de pacientes de la COVID-19 que se esperaban, no han llegado a muchos hospitales. La estructura del sector implica gastos laborales entre 40-52 % de los ingresos. Tan útil como es el subsidio de la nómina, apenas cubre entre 10-15 % de estos. Si la situación se mantiene estaremos viendo reducción de capacidad y despidos masivos. Sostener lo que hay es difícil y pensar en expansión aún más.
Para empezar, ni Colombia ni ningún país comenzó la crisis con suficientes UCI. En 440 hospitales, la mayoría privados, solo hay 5,349, una UCI por cada 9417 habitantes. Aunque menos contagios de los previstos significó una reducción de 9,826 a 7,202 de UCIs requeridas para atender el primer pico de junio 26. Hoy hay 3,652 disponibles para Covid-19, para cumplir la meta se necesita duplicar lo disponible. Según la ACHC, desde que inició la pandemia se ha reducido o mantenido estable el número de UCI en 18 departamentos.
Pensar que los hospitales amplíen capacidad es difícil: la dotación de una UCI puede costar entre 130-150 millones, la competencia mundial por insumos elevó costos. Aún, si la Nación obsequia los ventiladores que reduciría en 88 millones estos costos y ya tienen el espacio, el resto de la adecuación más el personal, hacen financieramente inviable la expansión. La tabla sugerida de servicios COVID-19 es 15-18 % menos rentable que la canasta normal. Mientras algunos lo hacen a costo, la mayoría lo hacen a pérdida. Sin poder recuperar costos operativos y perdiendo en la inversión, la expansión simplemente no llegará. Pocos mandatarios locales están en condición de hacerla y depender de la caridad de privados es arriesgado.
Se debe introducir un pago por capacidad de UCI de 5 millones al mes, durante 24 meses, para alinear el incentivo marginal. Tomando cálculos de Fedesarrollo, la cuarentena ya está costando más de 100 billones y durante esta le hemos girado 3.9 billones a las EPS. Los 36,000 millones mensuales en cargo parecen una buena inversión. No solo se salvan vidas, sino que dan la posibilidad de reactivar la economía. Las mejores EPS ya empezaron a invertir por cuenta propia en la cadena de oxígeno del paciente. Nadie culparía al gobierno por darle tratamiento preferencial a la salud: triplicar sus subsidios a la nómina, ofrecer garantías bancarias del 95% y establecer el cargo. No solo la salud merece ayuda, sino que, si eso sale mal, todo sale mal.
