Muchas veces desde este espacio me he referido al tema de la seguridad ciudadana. ‘Alerta Bogotá’, ‘Sitiados por el hampa’, ‘Ciudad gótica’ son algunas de mis columnas, pero la situación es hoy de tales proporciones que ‘Infierno’ es lo que se me ocurre más descriptivo.
Con el inicio de las campañas políticas regionales y locales han comenzado a conocerse las principales propuestas programáticas de los candidatos. Llama la atención, aunque para nada sorprende, que la seguridad ocupe el primer lugar entre las prioridades. Ya se trate de ciudades capitales o de regiones apartadas, la situación es similar: los ciudadanos están agobiados por el crimen y exigen respuestas contundentes de la autoridad.
Las cifras conocidas nos confirman que la situación es muy similar a la que se presentaba en la campaña electoral de hace 4 años, cuando se eligió a la actual alcaldesa Claudia López, anunciando que ella sería “la jefa de la Policía que haría temblar a los delincuentes”.
En su programa de gobierno destacaban como prioridades “desmantelar las ollas y las bandas criminales”, “reducir el atraco, con especial énfasis en los sistemas de transporte” y “asegurar la convivencia tranquila en los barrios”. Acompañó estas prioridades con efectistas anuncios como aquel de “si el crimen no duerme, la seguridad y la justicia tampoco” y “presencia policial, inteligencia y justicia 24/7”. Anunció que se pondría en marcha un modelo de seguridad oportuno e inteligente, que se duplicarían las unidades de reacción inmediata, que crearían 5 centros de seguridad y justicia, que se controlarían las entradas y salidas de Bogotá, que se atacarían especialmente las redes de robo de celulares y bicicletas, que se mejoraría la iluminación en parques y vías. También se comprometió a aumentar 2.000 policías por turno y a introducir tecnología, análisis de datos, cámaras y vehículos para facilitar el actuar de la Policía.
Muy poco o nada de todo esto se hizo, pero a medida que el delito se tomaba la ciudad se multiplicaron los anuncios. Ya se acabó la imaginación. No saben qué más proponer. Que crear un equipo especial contra el multicrimen, que solicitar a Venezuela que intervenga el temible ‘Tren de Aragua’, que crear nuevos equipos para combatir el lavado y nuevos comandos para el TransMilenio, el comando púrpura, el de Corabastos, que 5 generales para la ciudad, reingeniería a los CAI, cuadrantes móviles, el empadronamiento, el escudo de seguridad a cargo de la 13.ª Brigada. Y los programas: ‘Soy joven y estoy contigo’, ‘Juntos cuidemos a Bogotá’, ‘Barrismo’, ‘Pactos de acción colectiva’. Y luego, las reformas constitucionales y legales del Código Nacional de Policía y la creación de las policías locales.
Pero aquí todo se quedó en anuncios, puro bla-bla-bla. Las cifras no pueden ser peores. Los homicidios han crecido más de un 10 %, entre enero y junio ya van 532. Ya llevamos 57.000 hurtos denunciados en 6 meses, la mayoría con arma de fuego. El hurto a residencias ha crecido en más de un 30 %; la extorsión, en 59 %, y las riñas ya pasaron de 400.000.
El 80 % de los bogotanos señalan en las encuestas que la prioridad del próximo alcalde no puede ser otra que recuperar la seguridad. Pero la gente ya está aburrida de tanto anuncio, de tanta promesa incumplida, de tan pocos o nulos resultados. Empiezo a escuchar a los candidatos con las mismas propuestas fracasadas. La que me llamó más la atención, por lo novedosa, fue la del batimóvil. A juzgar por esta, creo que tocamos fondo en todo sentido.
Con esta nota he querido recoger muchas de las tonterías que se han propuesto, la mayoría con fracasos demostrados. Por eso, mi invitación es a mirar con cuidado los programas de los candidatos, escucharlos en los debates y presentaciones para asegurarnos de que votemos por la persona que más garantías nos ofrezca, que encarne mejor la solución al problema más grave que enfrenta y enfrentará la ciudad en los próximos años. En esta materia sencillamente no podemos equivocarnos.
P. D. Recuerdo a mis lectores que esta columna se cierra los viernes en la mañana. Sobre la tormenta política y judicial que se ha desatado a raíz de las declaraciones del señor Nicolás Petro me resisto a opinar en caliente, salvo para decir que la situación debe conducirse dentro del marco de la institucionalidad.