Hace algunos años el Estado colombiano estaba desamparado en los juicios que se le seguían por las famosas “fallas en el servicio”, entre otros, en las Altas Cortes, principalmente ante el Consejo de Estado, y, como generalmente el Estado perdía estos procesos, los magistrados dejaban constancia que el Estado no estuvo asistido en el informativo.
Fue así como en 2011 el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como Unidad Administrativa Especial, y le asignó una amplia gama de funciones como “…la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, …”. Su actual director es Camilo Gómez Alzate, una persona de hablar pausado, ecuánime y con criterio jurídico.
Así lo percibimos la semana pasada en la audiencia virtual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al recusar a la mayoría de los magistrados por prejuzgamiento, porque intervinieron e hicieron preguntas sobre asuntos que no fueron debatidos previamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que remitió el expediente.
Parece que es la primera vez que un Estado se retira de una audiencia ante esta entidad y eso ha causado extrañeza. Pues se retiraron por incomodidad y para elaborar el escrito de recusación, el cual fue resuelto desfavorablemente, pero queda el precedente que ser una entidad internacional no es sinónimo de omnipotencia. Hay que cuestionar.
Desde luego que como se trataba del proceso donde aparece como víctima una periodista, esto no fue del agrado de organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que calificaron como desidia del Estado contra las víctimas de violencia en el conflicto armado y negar espacios para acceder a la justicia. Pero hay que entender que lo que se busca es un proceso imparcial. Una cosa es la mecánica del proceso ajustada a derecho, que es lo que buscan los representantes del Estado colombiano, y otra muy diferente es la acusación, que el Estado no niega, y la prueba es que ha llamado a la periodista a una conciliación.
Así las cosas, me parece que es equivocada la apreciación de un editorialista que calificó de “…espectáculo bochornoso que protagonizó el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos…”, sencillamente porque, como quedó dicho, no hace la distinción entre la tarea encomendada al abogado estatal que anhela jueces objetivos y la imputación propiamente dicha.
