Ya es costumbre en este país, cuando se trata de ejecutar obras de infraestructura, que dichos proyectos, se sabe cuándo comienzan, pero nunca cuando terminan.
En todo ese interregno, suelen aparecer episodios como el de los llamados imprevistos: que, por las lluvias, que por el verano, que por fallas geológicas, que por agotamiento de los presupuestos, que por problemas financieros del contratista, que por carencia de aptitud técnica, o por desvío de los recursos hacia otros objetivos.
La verdad es que las comunidades se emocionan con la esperanza de poder concretar una obra anhelada que va a beneficiar la comunidad y confían en que los términos contractuales sean ciertos, lo que termina siendo una esperanza mal concebida, y en muchos casos espuria, que se traduce en un sentimiento de frustración y de incredulidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado.
Las noticas de prensa frecuentan casos lamentables en todos los rincones del territorio nacional, en donde todo conduce a que nuestros esquemas de contratación son demasiado débiles, pues no enfocan a estructurar proyectos de una gran solidez, ni tampoco a la identificación de contratistas con las capacidades y competencias para estar en condiciones de cumplir con lo que el contrato dice, y con lo que se comprometieron a firmar y a responder.
También tienen mucho que ver las firmas de interventoría, cuando no cumplen estrictamente con su misión de vigilancia y control, de tal manera que sea posible evidenciar a tiempo las fallas que se llegaren a presentar. Para eso las contratan y les pagan, pero lamentablemente muchas son demasiado laxas en las responsabilidades que se les encomiendan.
Ahora que se anuncian tantas obras en materia vial, en la reactivación de los ferrocarriles, en los sistemas de transporte masivo y en saneamiento básico y ambiental, sería bueno tener en cuenta dos cosas: primero una vigilancia mucho más estricta en la idoneidad de los contratistas; y otra, saber qué va a pasar con tantas obras retrasadas, que lo siguen siendo porque no hay definiciones sobre si deben seguir o deben sustituir o trasladar el contrato a otra firma.
Cuando se habla de los tiempos de cambio, en este aspecto necesitamos uno urgente, que debe partir de un nuevo esquema de contratación, acompañado de otro de vigilancia y control, para que los proyectos que se prometen se puedan realizar en los términos de la oferta.
De paso se acabaría con uno de los frentes de corrupción más lamentables, sobre el cual se han producido los más resonantes escándalos, que han acabado con la paciencia de los colombianos, y de paso, con los recursos públicos que provienen de los contribuyentes.
