Decidí regresar a Norte de Santander luego de cerca de 17 años, muchas motivaciones me llevaron a esta decisión, “la tierra hala”, me dijo mi mamá.

Inmediatamente me baje del avión empecé a recorrer el departamento buscando respuestas fuertes a la decisión –aún estoy en la búsqueda-.

En este regreso he encontrado muchas razones para resaltar el orgullo por nuestro departamento, gente que conjuga valores y que hace honor a ser hijos bravos del Norte, son la mayoría.

Sin embargo, encontré algo que me molesta, se está volviendo insoportable.

A pesar que la  mayoría de ciudadanos  son gente buena, trabajadora, gente de familias, hay un puñado de sinvergüenzas que mal gobiernan desde la legalidad e ilegalidad el departamento y lo soportamos.

Por poner unos ejemplos, veamos este panorama: la semana pasada ordenaron la captura de funcionarios de la administración de César Rojas Ayala en Cúcuta, por presunta corrupción con el Programa de Alimentación Escolar, es decir que se estarían robando los alimentos de nuestros niños más vulnerables, se dice que este contrato favoreció al inquilino de La Modelo.

En este mismo año a la carretera Cúcuta – Salazar le han entregado más de 50 mil millones de pesos, cifra que no corresponde a los avances y cumplimientos de la obra, los que pasan por allá dicen: “esa platica se perdió”.

En reuniones de personas es común escuchar que los contratos tienen dueño, al igual que las entidades públicas.

Si un profesional aspira a un buen puesto, por lo menos a un contrato de prestación de servicios, tiene que ir detrás de quien “maneja” la entidad y jurarle lealtad, que se traduce en votos.

Otro día cuando la misión de verificación de la ONU se desplazaba a retirar una caleta entregada por las reincorporadas Farc, fue asaltado un pelotón del Ejército que brindaba seguridad por un presunto grupo del Epl.

Y como si fuera poco, al Eln le dio por ponerle otra carga explosiva al oleoducto en El Carmen generando una emergencia y daño ambiental que se desplaza hasta el Rio Magdalena.

Entre tanto, cada trimestre el DANE confirma lo que acá todos saben: el desempleo y la informalidad reinan el mercado laboral. Esto es muy grave, pero es mucho más grave la pasividad ciudadana ante estos hechos, la aceptación social a que esto nos suceda, sentir que es natural que tengamos estas desgracias humanas. Inevitable no preguntarse ¿por qué la pasividad si el escenario es crítico?

En primera instancia hay que decir que no es natural, el orden natural de las cosas es la felicidad, vivir bien, disfrutar de la riqueza que gozamos en nuestro departamento. Al naturalizar la corrupción los ciudadanos han ubicado la política como causa de su molestia, las encuestas que se publican periódicamente así lo demuestran, la desfavorabilidad de la clase política nunca antes había estado tan alta, pero este malestar lleva a la pasividad de la gente, antes que a reaccionar. La molestia no se traduce –aún- en acciones para ponerle un alto, nos indigna y vamos a las redes sociales a contarle a nuestros muros, por mucho lo comentamos en una conversación informal de esas que se dan en una cafetería o un bar. Falta algo más.

Podría decir, lo que todos dicen en estos casos, que en elecciones se acuerden y castiguen a los corruptos, votando a conciencia –ojalá-. Pero no, creo que la situación requiere mayor compromiso que el voto. Acá requerimos de un despliegue de poder de la comunidad, de esos valores y conductas decentes que vemos a diario en la familia, en el vecino, en el trabajador, en el empresario hecho a pulso, en la gente de los municipios, de los valores de la nona y el nono, los que todos aprendimos en casa, desplegados en lo público, desprivatizando los asuntos de todos. Solo ese poder comunitario controla al puñado de corruptos, la sanción social requiere que no sean aceptados sus comportamientos, que se den cuenta que son minoría no aceptada, permitir que se desate una cultura que controla el poder del “más fuerte”.