Diré una vez más que, tanto en materia política como religiosa o social, los extremos son viciosos. Llevan a la irracionalidad, impiden el diálogo, el intercambio de argumentos y criterios.
Pues bien, en Argentina, una opción extremista ha obtenido la más alta votación en las elecciones primarias, y es muy probable que el próximo presidente de ese país sea Javier Milei, del partido “La libertad avanza”.
Entre sus objetivos en el campo económico, además de dolarizar la moneda, está el de regresar a la concepción del Estado gendarme, que otorgue a los particulares la libertad absoluta y que excluya por completo cualquier forma de intervención estatal. El libre mercado, sin restricción ni control.
Ha sostenido Milei, entre otras consignas de campaña: “El concepto de Justicia Social es aberrante; es robarle a alguien para darle a otro”. Agrega: “El origen de la decadencia argentina lo hemos identificado como el modelo de la casta, que dice que donde nace una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, ese conflicto los liberales tenemos claro cómo se resuelve: con propiedad privada y sin intervención del Estado”.
Se ha enfrentado hasta con el Papa Francisco, a quien considera “comunista” porque defiende la Doctrina Social de la Iglesia, la protección a los pobres, la solidaridad, la igualdad y el bien común.
Algunos políticos y economistas colombianos simpatizan con ese criterio y quisieran imponerlo entre nosotros. Para ello, sería indispensable retroceder a la época del individualismo salvaje, desmontar los importantes avances de nuestro Derecho Público -desde 1936- y derogar la Constitución de 1991. Afortunadamente, les quedará muy difícil lograrlo.
Nuestra Constitución proclama el Estado Social de Derecho, que, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, corresponde a una forma de organización política entre cuyos objetivos están los de alcanzar esa Justicia Social que odia Javier Milei, garantizar los derechos fundamentales, combatir la desigualdad, aliviar las penurias de los marginados y desvalidos, y extender a toda la población las posibilidades reales de alimentación, salud, educación, trabajo, seguridad social y vivienda digna. Para todo lo cual es necesario que el Estado fije políticas en el terreno económico y social, intervenga y se esfuerce por establecer y sostener las condiciones indispensables para su efectividad.
La Constitución (artículo 13) ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, así como sancionar los abusos o maltratos que se cometan contra ellas.
Aunque se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada, el Estado es, al tenor de la Constitución, el director general de la economía y debe intervenir en la economía, por mandato de la ley, “para racionalizarla” y para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
En colaboración e integración, el Congreso, el Gobierno y todo el aparato estatal deben empeñarse en realizar, de verdad, la Justicia Social. Sin extremismos, ni retrocesos.
