Se ha hecho evidente que la estrategia de aprobación de la reforma de la salud de Petro en el Congreso incluía, en paralelo, la decisión de asfixiar el sistema. Prueba de ello es que, existiendo los recursos en el 2022, deliberadamente no los hubieran girado.
Para garantizar este año el cierre financiero del sistema de salud se necesitaba una adición presupuestal de 10,4 billones de pesos, distribuidos así: 3,1 billones para gastos en salud, 3,4 para cubrir deudas atrasadas y 3,9 para los llamados presupuestos máximos. Esto es, tratamientos y medicamentos que no están en el Plan de Beneficios. De aquí que la adición presupuestal aprobada por un monto de 2 billones de pesos sea absolutamente insuficiente.
Quedaron faltando 8,4 billones, que de no cubrirse conducirán al marchitamiento del sistema. Ante esta situación el ministro Bonilla solo atina a decir que las EPS exageran. Por favor, ministro. Usted y el Gobierno saben muy bien que el problema es de una gravedad extrema. Hasta la saciedad se ha advertido que el problema parte de un cálculo insuficiente del valor que se reconoce por cada afiliado al sistema o unidad de pago por capitación, pues este se calculó bajo unos supuestos hoy desbordados por la realidad. También ha influido el incremento de gastos por lo que se ha denominado el poscovid y, finalmente, la liquidación de varias EPS que ha determinado el traslado de 5 millones de afiliados, cuya atención venía represada. En conclusión, lo que gira el Gobierno es muy inferior a los costos de operación y en consecuencia todas las EPS pierden dinero en su operación. Y además no se les paga oportunamente.
Como las EPS no reciben los pagos mencionados, a su turno adeudan 23 billones a los prestadores de servicios. Solo a las clínicas, el monto asciende a 14 billones, entre cartera corriente y vencida. ¿Cuándo se atenderá esta deuda? Y más grave aún: ¿quién va a responder por 7 billones de aquellas EPS que con razón se liquidaron?
Lo que vemos es un desfinancimiento estructural del sistema que ya afecta la viabilidad financiera de las EPS. Tan solo en 2022 acumularon pérdidas por 2,1 billones, lo que conlleva el aumento progresivo de la deuda con los prestadores de este y de estos con los proveedores y el personal. Por eso resulta urgente buscar un nuevo flujo de recursos que no se consiguió incorporar en el presupuesto ni en la adición por falta de voluntad política.
Independientemente del modelo que se adopte, ya estamos viendo severas restricciones en la prestación de servicios para la población. Este año todas las EPS seguirán acumulando pérdidas, y finalizado el año me temo que todos los indicadores financieros las colocarán en causal de intervención o liquidación. Y es justo advertir a estas alturas que el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, conocido esta semana, inexplicablemente no involucra los recursos que sería necesario adicionar si se aprueba la reforma. Una millonada.
Está claro que buena parte de la situación es creada por el propio Gobierno. Salta a la vista que están promoviendo la crisis para seguramente decretar una emergencia que les permita implementar a la brava sus reformas y asfixiar el sistema. Si así seguimos, y el Gobierno lo sabe, el sistema de salud del país colapsará este año, con consecuencias impredecibles para el conjunto de la población.
Las alarmas están puestas, presidente Petro. Estas no son jugarretas de la oposición ni temas planteados por un grupo de arribistas, como usted los llama, que han salido a marchar a las calles. Son las cifras reales de la salud en Colombia. Pero al margen de los debates sobre la reforma, que como en cualquier otra son bienvenidos, no se puede dejar de administrar y financiar adecuadamente la salud de los colombianos. Me gustaría creer que la situación actual no obedece a una decisión deliberada del Gobierno para imponer un sistema totalmente estatista, pero francamente cuesta creer que tanta incompetencia e irresponsabilidad puedan darse sin el propósito de destruir el actual.
