Llegó a la agenda del Congreso la Reforma Tributaria, pero como es Halloween el Gobierno Nacional la disfrazó de ‘Ley de financiamiento’. Es toda una novedad esta reforma, la número 15 desde 1991. Con su política tributaria, el gobierno nos va a proyectar, ahora que somos parte del selecto club de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), como un país muy serio en la estabilidad de sus normas y sus reglas de juego para la inversión. Digo que es una novedad porque no es la prometida reforma estructural que parece no veremos nunca.
Se trata de algo muy innovador y sorprendente en materia de reformas tributarias a la colombiana: apagar el incendio fiscal del momento y tapar el hueco del Presupuesto General de la Nación. Hay que recaudar 19,5 billones de pesos para ampliar el gasto y cubrir el déficit. Dejando el sarcasmo a un lado, la propuesta contempla reducir los impuestos a las empresas, ampliar el IVA a varios productos de la canasta familiar y, además, plantea la devolución del mismo a los más desfavorecidos -sin saber cómo lo van a reclamar ni a recaudar-.
El Nuevo Liberalismo anuncia que está en contra de esta iniciativa, porque golpea a la clase media y a los más pobres del país, les restringe el acceso a productos vitales que todos los colombianos necesitan para vivir. El Gobierno central plantea una teoría que dice que el recorte de impuestos a las empresas crea más empleos y aumenta salarios.
Esto, según un análisis del Instituto de Estudios Políticos de Washington, no es tan claro, porque “más de la mitad de estas compañías con impuestos leves en realidad redujeron su personal durante el período en que la economía general aumentó las nóminas en un 6 %. De las 92 empresas estudiadas, el cambio medio en las nóminas fue de menos del 1 %”. Lo más preocupante es que la gran mayoría de las compañías “en la lista usaron el efectivo gratis para recomprar acciones, lo que ayudó a aumentar el precio de sus acciones”. Es decir, que la reducción se usó para enriquecerse y no para ayudar a la población, como en un principio se pensó.
El Nuevo Liberalismo acompañaría una reforma fiscal que haga una revisión seria de las exenciones tributarias que nos cuestan para personas jurídicas 30 billones de pesos y para personas naturales 40 billones. Respaldaríamos una reforma que revise el gasto publico social y focalice los subsidios para que su impacto sea real en la reducción del GINI. Una legislación y política que castigue severamente a los grandes evasores de impuestos, que estimule la libre competencia y nivele la cancha para todos los jugadores, sin privilegios conquistados con procedimientos clientelistas.
Este modelo regresivo de sucesivas reformas tributarias coyunturales, perpetúa desigualdades e inequidades sociales. Finalmente, pero no menos importante, es hora de una legislación tributaria y fiscal adaptada al cambio climático. Seguimos premiando a los que contaminan y penalizando la compra y uso de nuevas tecnologías limpias, o para qué firmamos entonces el acuerdo de París en 2015.
