Contra todo pronóstico, apareció la carta de renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Falta ver que Petro se la acepte. Y seguramente no lo haría si no fuera por el debate de moción de censura que ha sido convocado, justo para el inicio de las sesiones del Congreso y que pondrá a prueba las mayorías del Gobierno en defensa de lo indefensable, como es la incompetencia absoluta de la funcionaria y la realidad inocultable de que jamás Petro quiso apostarles a los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Basta ver las declaraciones de la exministra María Isabel Urrutia, declarada insubsistente por otras razones, cuando recordó cómo había coincidido con Petro en que no se justificaba realizar los Juegos.
Difícil calcular las pérdidas que esta decisión del Gobierno central ocasionó a la ciudad, al departamento del Atlántico, a la costa Caribe y, por supuesto, al deporte colombiano, en últimas el más damnificado. En cuanto a la ciudad, perdió la posibilidad de adelantar todo un plan de renovación urbana, de avanzar en infraestructura y su desarrollo inmobiliario, la potencial visita de más de 75.000 personas y la creación de no menos de 10.000 empleos. Se había calculado el impacto en la economía de la ciudad y la región en más de 2,2 billones de pesos. Estas competencias deportivas tienen la capacidad de transformar las ciudades, como ocurrió con Cali en 1971. Todavía lo recordamos. Todo esto se perdió por una decisión caprichosa, politiquera y revanchista. Esa es la cruda verdad.
Sea esta la oportunidad para destacar los avances de Barranquilla en los últimos años, cuando pasó de ser una ciudad fallida al gran polo de desarrollo de la región Caribe y, diría yo, del país. Esta ciudad ha sabido aprovechar el apoyo de los tres últimos gobiernos nacionales y ha hecho su propio esfuerzo fiscal definiendo propósitos claros y materializándolos. Los resultados saltan a la vista. Tan solo destacar que su alcalde, Álex Char, fue elegido con una votación histórica y con el mandato de seguir la misma línea de desarrollo enfocada en el progreso social y el crecimiento económico.
Pero lo acontecido con los Juegos Panamericanos no es más que el abrebocas de lo que pueden esperar los barranquilleros del gobierno Petro. Habrá que hacer milagros con los recursos propios y los regionales para mantener el nivel de inversión y el gasto social. Resulta insólito que se imponga semejante castigo desde el presupuesto a una región y ciudad en razón de mezquinos cálculos políticos.
Para salvar la cara con el deporte ha anunciado Petro que más de 800 millones de dólares que se iban a destinar a los Juegos Panamericanos ahora se destinarán “a los Juegos Intercolegiados del país mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”. Vale la pena aclarar las cosas: la suma a la cual se comprometió la actual ministra del Deporte para los Juegos Panamericanos es de 8 (no 800) millones de dólares, el contrato para la realización de los Juegos Intercolegiados del 2022 tuvo un costo de 24.500 millones, por lo tanto, es excesiva incluso una suma de 8 millones de dólares para este propósito en el 2024.
Además, la destinación de recursos para financiar los Juegos Intercolegiados es sustancialmente diferente a la de los Juegos Panamericanos, pues los primeros son Juegos Escolares en los que pueden participar niños y adolescentes con o sin habilidades para el deporte, mientras que los Juegos Panamericanos son las justas deportivas más importantes, después de los Juegos Olímpicos. Tanto le importarán a Petro los Juegos Intercolegiados que 2023 fue el primer año en la historia de estos juegos desde 1911 en que no se realizaron.
La pérdida de los Juegos, unida a la pantomima desplegada por el Gobierno, que no tenía ninguna intención de recuperarlos, es una nueva burla a la institucionalidad, a la imagen internacional de nuestro país y al esfuerzo de las regiones y sus legítimos derechos.
Es paradójico que los Juegos Panamericanos se hayan convertido en el escenario para el ejercicio del odio y la revancha petrista. A dónde habremos llegado.
P. D. Por cierto, la renuncia de la señora ministra para nada impide que se vote la moción de censura en su contra, ya que así lo permite el Acto Legislativo 1 de 2007 en su art. 9.
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