Si alguna lección nos ha dejado la pandemia, es que la humanidad y nuestro planeta están íntimamente ligados e interrelacionados en la salud, la enfermedad, la seguridad, el medio ambiente, los temas sociales, la cultura, la economía y por supuesto, la política. Por ello, uno de los peores errores que puede cometer un gobierno es permitir el debilitamiento de su sistema de salud.

En nuestro país, si bien son innegables los avances en materia de cobertura, acceso, oportunidad, calidad de los servicios, gestión del riesgo y administración de los recursos en el sistema de salud, aún persisten fuertes fallas en su financiamiento y trabas administrativas que limitan el acceso a los servicios por parte de los colombianos, además de graves casos de corrupción. Esto nos obliga a mirar cómo el Estado ha hecho su parte y cuáles son los puntos críticos donde ha generado el debilitamiento del sistema. Al respecto, uno de esos puntos es el de las intervenciones administrativas.

Las cifras señalan que con estas intervenciones se perdieron más de 5 billones de pesos que no fueron pagados a las clínicas y hospitales, pese a que prestaron la atención, por lo que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y desarrolle una estrategia para recuperar estos recursos y cumplirle a las IPS por esas obligaciones, las cuales son, también, el resultado de la pésima vigilancia que ha ejecutado la Supersalud. Misma que parecía ciega ante el fraude al que fue sometida Caprecom cuando la volvieron un botín de dirigentes políticos que hoy siguen sin responder ante la justicia y hasta en campaña, así le hayan sacado más de un billón de pesos a los recursos de la salud.

Para subsanar este hueco creado por malas intervenciones del Estado y sus fallas en la vigilancia, es necesario que la salud sea vista como un asunto de seguridad nacional y abordada desde una política de Estado que no esté sometida a un gobierno o ideología, pero tampoco a decisiones politizadas que entregan los recursos de la salud a quienes no deben manejarlos.

Además, más allá de propuestas populistas que amenazan la sostenibilidad a futuro del sistema, Colombia necesita son ajustes concretos para que cada agente actúe según lo que la Constitución y la Ley les ordena, para que se incentive la calidad, para que las IPS y las EPS estén más articuladas, y para que se garanticen los pagos a quienes prestan los servicios. Para esto urge reconformar el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de manera que por vía del diálogo sensato entre los agentes del sistema, se determinen los pasos que debemos dar para tener el sistema de salud que necesita el pueblo colombiano.