Frente a las nuevas amenazas de seguridad, los seres humanos como instrumento de inteligencia, son irreemplazables. Sin duda, la ley debe garantizar su protección. En el 2013, aprobamos una ley marco de inteligencia y contrainteligencia que por primera vez, señaló el ámbito de actuación, las funciones y los límites de la actividad que realizan en Colombia los agentes de inteligencia y contrainteligencia.
En esa comunidad hay diferentes actores, entre los que se encuentran las Fuerza Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y también, personal civil o no uniformado que realiza labores de infiltración, penetración y de recolección de información sensible para la protección de los derechos humanos. Ellos son conocidos como agentes de seguridad.
Aunque estas personas, están expuestas a riesgos permanentes contra su vida, su integridad física, la seguridad de su familia, y deben actuar bajo una fachada o identidad encubierta, no hacen parte de las fuerzas armadas ni gozan de su régimen de protección social.
Por esta razón, y considerando los riesgos a los que están expuestos, presentamos un proyecto de ley para otorgarles un régimen prestacional que reconozca el peligro del oficio que realizan, para mantener la seguridad de todos los colombianos. En las democracias avanzadas del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos y en Inglaterra, hay un sistema de protección especial para que los hombres y mujeres que realizan labores de inteligencia y contrainteligencia, no solo cuenten con el apoyo de los más altos desarrollos tecnológicos como satélites y mecanismos para interceptar comunicaciones, sino también con políticas públicas destinadas a disminuir su vulnerabilidad y a mejorar su calidad de vida.
Ser agente de inteligencia es un oficio muy ingrato, hasta el punto que en el momento en que uno de ellos fallece en alguna misión, no pueden ser reconocidos por nadie. En estos casos, la CIA por ejemplo, pone una estrella en la pared por cada baja, pero nadie sabe esa estrella que nombre tiene, ni a quien perteneció, solo sabe que se trató de un agente que dio su vida por proteger la seguridad y la democracia de la Nación.
Colombia está en mora de incluir en su agenda de seguridad, no solo el tráfico de drogas, armas y personas, y la inseguridad pública, sino también la protección de los agentes de inteligencia y contrainteligencia. Queremos hacer de ellos, un tema prioritario.
