El departamento Norte de Santander tiene problemas complejos, con un alto costo humanitario y económico, como lo es el conflicto armado y los cultivos ilícitos. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el territorio ha venido aumentando las hectáreas de cultivo de coca, que del año 2014 al 2015 tuvo un incremento del 66%, y del 2015 al 2016 fue del 115%. Por otra parte, de los 10 municipios de Colombia más afectados por este fenómeno, tres son de Norte de Santander: Tibú, El Tarra y Sardinata. Según este informe, esto se debe a: territorios donde se han integrado diferentes eslabones de la cadena de producción, transformación y tráfico; donde no existen grupos hegemónicos que controlan el territorio; en particular, donde no había un control hegemónico por parte de las Farc; territorios asociados a zonas de frontera o a corredores de salida de droga y donde el fenómeno de los cultivos de coca ha permanecido por más de diez años.
Tibú es uno de los municipios más afectado con 12.787 ha que representan el 52% de la coca en la subregión, estos cultivos están relacionados a los centros poblados de La Gabarra, Versalles y la cabecera municipal de Tibú. Cabe señalar que estos municipios se caracterizan como espacios de ruralización, además de frentes de colonización y el avance de estos cultivos a través de la hidrografía, de las selvas y bosques de tierra firme como nuevas áreas de cultivos, esto último con grandes consecuencias no solo en lo social y económico, sino también en lo ambiental.
El informe señala que hay factores importantes para contextualizar la subregión del Catatumbo “la restricción para realizar operaciones de aspersión que se implementó en 2010, los diálogos con las MIA (Mesas de Interlocución y Acuerdo) que se iniciaron en 2010 pero se implementaron en 2013 y la limitación de las operaciones de erradicación manual forzosa en algunas zonas asociado a los acuerdos alcanzados con los campesinos que buscan un programa concertado y gradual de sustitución de cultivos de coca”. Es importante tener en cuenta el incumplimiento por parte del gobierno nacional en muchos de los compromisos asociados a la inversión social, y que dejan latente un problema de fondo.
Otro de los aspectos mencionados a nivel general (del incremento en todo el país) está relacionado con el precio de la hoja de coca, que para la región central (incluye Catatumbo) estuvo por encima del promedio nacional de $4.150/kg, y un cambio en la estructura de mercado pasando de un modelo de oligopsonio a uno con varios compradores, además de una “percepción de reducción en el riesgo asociado con la actividad ilícita debido a la suspensión de la aspersión aérea y la posibilidad de evitar la erradicación forzosa” y “un incremento de las expectativas para recibir beneficios como “contraprestación” por la sustitución de los cultivos de coca.
El fenómeno del cultivo de coca exige una voluntad política del Estado colombiano, una voluntad acompañada de un enfoque territorial no supeditado a la mirada de seguritización , sino a una visión integral, por ejemplo la mayoría de los municipios tienen dependencia de las transferencia del gobierno central ( Convención 92%,Hacarí 87%, El tarra 66% o Tibú 62%), en el Catatumbo hay una desactualización catastral rural del 75%,(por encima del promedio nacional 63%) con un 54,8% de la red vial terciaria en mal estado, además de la presencia de varios actores armados con incidencia fuerte, y varios modelos de desarrollo rural en un mismo territorio. Una mirada integral y la inversión social son un imperativo, una condición necesaria, aunque no suficiente, la política antidrogas debe tener una mirada diferente.
