No hay como ocultar o negar los problemas colombianos. Y no son pocos ni de liviana magnitud.

Afectan considerablemente la vida de todos y se han acumulado con peso devastador. Tampoco son nuevos. Son la suma de desatinos de quienes han tenido el manejo de la nación en las diferentes instancias del poder, desde su constitución institucional. Han crecido en la levadura de factores negativos con permisividad recurrente de “la   mezquina nómina” empeñada ésta en preservar los privilegios excluyentes y la división de la sociedad en clases con la desgarradora consecuencia de   desigualdad.

Uno de los problemas que le ha costado al país violencia, muerte y atraso es el del régimen feudal de la tenencia de la tierra. Además de promover el desplazamiento de campesinos tras el despojo de sus predios mediante acciones abusivas, representa la anulación de la producción agraria, con debilitamiento de la economía y agudización de la pobreza. El conflicto armado está alimentado por los desvíos que se han impuesto en la explotación de la tierra. Un mal frente al cual se han frenado las soluciones, como es una reforma agraria que lleve al reconocimiento de derechos y al desmonte de los factores que son caldo de cultivo de la pobreza.

No menos desastroso es el flagelo de la corrupción y al cual se aferran servidores públicos, políticos, empresarios del sector privado y todo quien pueda tener acceso a las instancias donde se manejan los recursos públicos. Esas prácticas ilícitas cuentan con expertos operadores y están articuladas a la  impunidad. Como su utilidad es tan alta da para permear y beneficiar a los cómplices. Sin embargo, ha predominado más la indiferencia que el deber de erradicar tan vergonzosa práctica. Y se requiere desbaratar esa red ilícita cargada de tanta abyección.

Están también los problemas de la educación y la salud. En uno y otro hay desajustes considerables. Se necesitan correctivos de fondo, a fin de que respondan a las demandas de la población. Hay que hacerlos accesibles a todos, con garantías efectivas, en cumplimiento del llamado Estado social de derecho, como está consagrado en la Constitución de 1991. Tanto la enseñanza como la salud deben alcanzar una cobertura que incluya a todos los colombianos en igualdad de condiciones. Son derechos fundamentales donde no debe temer cabida ningún tipo de exclusión. Su aplicación en estos términos fortalece el desarrollo y hace funcional la democracia.

El debilitamiento social se acentúa con el déficit en el servicio de agua potable. Es un asunto relacionado con la salud.

Y están en precarios niveles, la vivienda, el trabajo con las garantías debidas, la protección ambiental, las vías y la seguridad alimentaria.

No debe ser secundaria la atención que requiere la violencia. Hay que ponerle fin a esta encrucijada con una paz que no solamente involucre la desmovilización de los grupos armados sino también cambios que garanticen la estabilidad social y una economía que proporcione bienestar colectivo, no como asistencialismo, sino con la satisfacción plena de las necesidades de todos.

Colombia requiere entrar en una etapa de cambio que la sustraiga de la adversidad.

Puntada

La arrogancia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu pareciera no tener límite. Actúa con talante propio de Adolfo Hitler, a pesar de haber sido este quien condenó al holocausto a la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, atizada por el nazismo.

ciceronflorezm@gmail.com

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