En medio de una cascada de anuncios –muchos de ellos contradictorios–, es innegable que en sus primeros 100 días el Gobierno ha desplegado una gran capacidad política. Me refiero a su principal realización: la reforma tributaria que está a días de ser convertida en ley. La reforma política, que es acto legislativo y tiene aún seis debates por delante, también ha puesto en evidencia la habilidad del Gobierno para lograr las mayorías en el Congreso.

Lo que queda claro es que el presidente Petro tiene gobernabilidad. Ahora bien: lo que todavía no sabemos es cómo y de qué manera piensa utilizarla.

Pongámoslo crudamente: la reforma política –revestida de buenas intenciones y con el lenguaje incluyente necesario– revive el transfuguismo. Quienes quieran cambiar de partido antes de las elecciones de 2026 podrán hacerlo tan fácilmente como se cambia de ropa. Supongo que el Gobierno piensa que esta reforma hará posible consolidar una nueva organización política, el Pacto Histórico del futuro. Se equivoca, pues –con esa figura vigente– el sistema de partidos, pilar de cualquier democracia, nunca tendrá la solidez necesaria.

Después de la reforma tributaria. Vendrá la adición presupuestal, que seguro se presentará muy temprano el próximo año y será aprobada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se incluirán los recursos para la compra de tierras? ¿Habrá presupuesto para entregar el subsidio de medio salario mínimo a las madres cabeza de familia en condición de pobreza? ¿Se extenderá ese apoyo a los colombianos en la tercera edad? ¿Se introducirá la gratuidad plena en la educación superior pública?

Con las elecciones de octubre de 2023 en la mira, y con el transfuguismo ya en el horizonte, no tengo duda de que el Gobierno tratará de hacer todo esto, y mucho más. Mirando las encuestas, es claro que mantener las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali no será fácil –y menos aún ganar en otras capitales, como Barranquilla–. Por eso, la adición presupuestal será vista como la tabla de salvación. Imaginemos siquiera el impacto de un subsidio de 600.000 pesos a dos o tres millones de hogares, algo nunca visto en el país.

Pero las cosas no son tan sencillas como parecen y el tiro puede salir por la culata. La situación económica puede hacer trizas los planes electorales del Gobierno, si este decide utilizar los recursos de la reforma tributaria para financiar nuevos gastos y no para reducir el déficit fiscal.

La gente se pregunta por qué los mercados tratan bien a Chile y no a Colombia, dos países gobernados por líderes con ideologías relativamente similares. Si en Colombia ha habido devaluación y aumento de la prima de riesgo país, en Chile ha ocurrido todo lo contrario. La diferencia es que el presidente Boric no vaciló en recortar este año el gasto público y así corregir el enorme déficit fiscal que heredó.

En Brasil los mercados han estado calmados después de la elección de Lula, quien hace poco dijo que no renunciaría al desarrollo de la industria petrolera con el liderazgo del Estado a través de Petrobras. Prudencia en lo fiscal y pragmatismo frente a los hidrocarburos parecen ser los mensajes de dos líderes con los que Petro probablemente tiene más afinidades que diferencias.

Todo indica que Colombia optará por otro camino: la expansión del gasto público con fines electorales, acompañada de un freno a la actividad petrolera. En ese caso, la reacción de los mercados no será favorable. Menor inversión externa y mayor devaluación pueden llevar a Colombia a un escenario de bajo crecimiento económico con alta inflación.

Es decir, la adición presupuestal en vez de impulsar a los candidatos del Gobierno puede acabar hundiéndolos, pues ningún gobierno gana elecciones en medio de una recesión. Como pasa tantas veces, nadie sabe para quién trabaja, pues, a la postre, el transfuguismo puede acabar beneficiando a los partidos que hoy ejercen la oposición.

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