Ahora que todo se está ajustando a la COVID-19, también les llegará el turno a los servicios públicos. La presión social le puede dar el empujón final al mínimo vital de agua: la posibilidad que un hogar necesitado consuma un mínimo gratuito. Varias ciudades ya asumieron el costo y lo implementaron. Aunque la variedad de criterios de implementación hace necesario que la CRA lidere una visión integral. Si esto ocurre, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se debe introducir una tarifa ambiental que castigue el desperdicio de agua. Nuestra meta después del Covid-19 no debe ser volver a la normalidad, sino reorientarnos hacia modelos más sostenibles de desarrollo.
La decisión del Gobierno de reconectarle el servicio a 300.000 hogares resalta la importancia del agua como derecho fundamental. La OMS recomienda un acceso de mínimo 50L mes de agua per cápita. Extender este derecho a todo el país costaría 4.1 billones que no es realista fiscalmente. Mientras tanto, con tan solo 350 mil millones anuales se podría dar este derecho a 3,5 millones. Para esto, el mínimo vital debe tener un listado de beneficiarios. No se debería priorizar por estrato que tiene más problemas que el Sisbén. Según la estratificación de Florencia, no hay ningún hogar de estrato 5 o 6 en la ciudad. Más que eso en acueducto tenemos cobertura de solo 86.6%, el universo de estratos deja por fuera a 6.7 millones de los más pobres. Para ayudarle a esos pobres rurales e informales se requiere soluciones alternas de suministro.
Durante el último niño, con Luis Felipe Henao, argumentando la escasez de agua, creamos la tarifa por desperdicio de manera temporal. Tuvimos el cuidado de especificar diferentes montos de consumo suntuario por piso térmico: 22m3 fría, 26m3 templado, y 32m3 cálido. La medida no solo ayudó a moderar el consumo en 17,5% de los hogares, sino que empezó a exponer un sin número de negocios que se disfrazan de estrato 1 para consumir cantidades industriales de agua subsidiada. Fue una lástima que, al concluir ese verano, a pesar de su éxito, la tarifa por consumo suntuario expiró. Es hora de instaurarla de manera permanente.
La tarifa ambiental por desperdicio de agua puede liberar caja para establecer el mínimo vital y fortalecer la infraestructura verde. En su última activación en solo seis meses recaudó 41.000 millones. Proteger las cuencas hídricas, mejorar la potabilidad de acueductos veredales, y disminuir la actual tasa de perdidas de 40% del sistema. Tristemente en La Guajira donde la sed es real, el desperdicio de agua es del 80%. No obstante, esta tarifa debe tener en cuenta el número de miembros del hogar y eximir, por ejemplo, a ancianatos de este cobro.
Nunca se nos puede olvidar que la regulación no es nada más que una reflexión de nuestros principios. De esta manera, en el consumo de agua tendríamos un mínimo social, solidario con los más necesitados. Una capa de mercado que a través del subsidio cruzado permite recuperar la inversión en el acueducto, pero le cobra más a los más pudientes. Y una tarifa ambiental que incentiva el consumo responsable y protege el medio ambiente. La crisis no se puede desaprovechar.
