Lo ocurrido en Tierralta (Córdoba), cuando militares disfrazados de miembros de organizaciones subversivas amenazaron, ofendieron, maltrataron y retuvieron a habitantes de la población -incluidas mujeres y niños-, sin motivo alguno y para amedrentar, es algo que, por su gravedad, debe alertar al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades. Los acontecimientos -alarmantes según lo que se observa en los videos públicos y lo que narran los afectados- tienen que ser examinados, verificados e investigados en profundidad y oportunamente, en todos sus detalles y, sobre todo, en su origen. ¿Quién o quiénes están detrás de este delictivo comportamiento de miembros de la fuerza pública, que tienen por función exactamente la contraria: la defensa y protección de la ciudadanía?
Tan abusiva conducta militar, que avergüenza al Ejército Nacional, no se puede repetir y no puede quedar impune. Al respecto, entendemos que la Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado las pertinentes investigaciones, que diez militares han sido suspendidos y que, por su parte, el Presidente de la República ha ordenado que se lleven a cabo las investigaciones internas y los correspondientes procesos disciplinarios.
Alguien dijo que solamente la Fiscalía debería actuar, pero no es así. Claro que, sobre esos delitos no es competente la Justicia Penal Militar sino la ordinaria, porque semejantes actos no tienen relación con el servicio -por el contrario, van contra el servicio-, y por tanto la Fiscalía debe asumir las investigaciones y serán los jueces penales quienes resuelvan acerca de la responsabilidad de los implicados. Pero no olvidemos que, según dispone de manera contundente el artículo 189, numeral 3, de la Constitución, al Presidente de la República le corresponde dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, junto con el ministro de Defensa y los comandantes de las fuerzas, debe liderar la actividad orientada a establecer cómo y por qué se dio tan absurdo episodio, a establecer las responsabilidades militares y disciplinarias y a adoptar decisiones para impedir que tan graves acontecimientos se vuelvan a presentar en cualquier lugar del territorio nacional.
La fuerza pública, a la cual tanto debemos los colombianos, tiene que recuperar su prestigio, ya deteriorado por los mal llamados “falsos positivos”, cuyas características estamos conociendo con terror y dolor durante las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), según confesiones de varios ex militares y testimonios de las víctimas. Hacemos votos porque avancen los procesos judiciales y porque los responsables -menores, medianos y máximos- sean ejemplarmente sancionados.
Pero no se puede generalizar. La institución debe ser preservada. Por regla general -con excepciones como las enunciadas- sus integrantes han sido fieles a la sagrada función que les corresponde en la democracia; han defendido las instituciones y han cumplido la Constitución y las leyes; han protegido la vida y los bienes públicos y privados; han mostrado entrega y valentía; muchos han sido sacrificados cumpliendo su deber. Desconocer eso sería injusto.
Naturalmente, la más interesada en que no haya impunidad por hechos tan graves como los descritos -anteriores y actuales- es la institución militar, en coordinación con la Justicia, el Gobierno y los órganos de control.
