Lo cierto es que después del 2 de octubre, cuando el Gobierno perdió el plebiscito, hubo algo de confusión sobre si lo que venía después era un nuevo acuerdo o el mismo pero retocado y, además, cuál era mejor. Los columnistas y hasta el presidente Santos enredaron la pita. Atengámonos a lo dicho por el Presidente en su alocución del pasado 12 de noviembre, algo enredado pero nos sirve para aclarar: “El acuerdo que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena era uno de los mejores -sino el mejor y más completo- que se ha firmado en la historia reciente para resolver un conflicto armado. Pero, con toda humildad, quiero reconocer que este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo”. ¿Al fin qué?
Lo que significa que el Presidente aún no se resigna al desastre del 2 de octubre lo aceptó a regañadientes y de la misma manera convocó a quienes lideraron el “No” para que presentaran sus propuestas, lo que efectivamente se hizo, pero antes de discutirlas en La Habana las clasificó entre viables e inviables sin publicar unas y otras, lo que prendió las alarmas entre quienes se oponían parcialmente a los Acuerdos, entre otros, el Centro Democrático, las Altas Cortes, un sector del Partido Conservador y el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado que según algunos columnistas no representa a nadie, lo cual es cierto, pero olvidan que es muy escuchado entre determinados sectores cristianos que se revelaron como fuerza política, por algo el presidente Santos, de pronto su mayor enemigo político, lo cita a Palacio y lo consulta.
De la citada alocución presidencial del pasado 12 de noviembre podemos extraer, desde lo positivo, que se haya articulado la justicia transicional al sistema judicial ordinario, que la Jurisdicción Especial de Paz –JEP- tenga término -10 años-; que ninguna oenegé -ONG- actúe como fiscal o acusador, que no habrá jueces extranjeros, que las tutelas de la JEP podrán ser revisadas, que se respetará la propiedad privada y nadie será expropiado conforme a leyes nuevas y, algo importante, que a los empresarios y militares se les reconoce seguridad jurídica.
Pero hay otros apartes de la citada alocución presidencial que preocupa. Dice, por ejemplo: “Dejamos absolutamente claro que en virtud de este acuerdo no se autorizaran nuevas Zonas de Reserva Campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas”. Es decir: no, pero sí. Regla general y excepción: no se autorizan, pero si cumple la ley sí se autorizarán. Pues eso es lo que dice el artículo 80 de la ley 160 de 1994. ¿Cuál es la novedad?
De todas maneras la discusión no puede ser eterna y solo nos resta esperar que el presidente Juan Manuel Santos, a quien se le confió un mandato popular, actúe de buena fe y convencido que él representa a la Nación entera y no otros intereses.
