Es imposible pensar en la década de los 90 en Colombia y no recordar los apagones vividos durante 1992-1993. Esta situación fue producto del mal manejo del sector energético, que para ese momento era público en casi su totalidad. Los retrasos en la puesta en marcha de proyectos de generación de energía y la incapacidad efectiva de los generadores existentes fueron los principales determinantes del racionamiento. La cereza del pastel fueron las sequías que disminuyeron la disponibilidad de recursos hídricos que son indispensables para garantizar la suficiencia energética del país. Todo lo anterior condujo a un terrible desenlace para los colombianos: 343 días de racionamiento eléctrico de hasta 10 horas diarias.
Desde ese entonces, el país no ha presentado nuevos racionamientos, ni siquiera durante las intensas sequías de 2015-2016. Una de las razones que ha permitido no repetir esta historia en los últimos 30 años es la descentralización del sistema eléctrico, que trajo consigo la participación privada y competitividad en el sector. Desconocer lo anterior es condenar a los colombianos a revivir los fracasos de un sistema 100% estatal.
Tal y como lo advertí durante el debate de control político en el que cité a la ministra Irene Vélez el pasado 22 de marzo, la coyuntura puede configurar un coctel explosivo que, de no tomarse las acciones adecuadas desde el Ministerio de Minas y Energía, nos pone en riesgo de un racionamiento eléctrico en 2025-2026. Por un lado, la llegada del Fenómeno del Niño es inminente; por otro lado, elementos del contexto internacional como la guerra de Rusia-Ucrania han generado un alza en los precios de los insumos de la generación térmica de energía, aquella que se produce a partir de gas natural, carbón y combustibles líquidos.
Paralelamente, factores locales como los retrasos que han presentado varios proyectos de generación y transmisión de energía también incrementan este riesgo de racionamiento. Uno de los proyectos de generación más grandes de la Guajira, el parque eólico Windpeshi, apenas ha alcanzado un avance total del 39%, cuando debería ser de un 88%. También vale la pena recordar los más de 4 años de demoras que ha tenido el proyecto Hidroituango, los cuales se reflejan en que, a hoy, solo estén operando 2 de las 8 turbinas que se tenían previstas.
Finalmente, otro factor relevante de este coctel es el alto grado de exposición de algunas electrificadoras del país al precio de la bolsa de energía. Según el Ministerio de Minas y Energía, 5 electrificadoras presentaron un porcentaje de exposición a bolsa mayor al 40% en marzo de 2023.
La presencia simultánea de los ingredientes de nuestro coctel afecta tanto la capacidad de generación suficiente de energía como la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de los generadores. Por lo anterior, se hace indispensable una gestión efectiva de la cartera energética, que surja de discusiones rigurosas y sustentadas en lo técnico, generando condiciones propicias a la inversión en el sector y no repitiendo la historia fallida de un sistema energético estatal.
Finalmente, preocupa en gran medida la inexistencia de la independencia de la CREG. A hoy, 4 de los 6 comisionados expertos de la comisión hacen parte del gobierno y fueron nombrados por encargo, no a término fijo de 4 años, como se ha hecho anteriormente. En la práctica, esto significa que pueden pedir la renuncia de estos expertos en cualquier momento, en particular, si las decisiones tomadas no siguen las directrices del gobierno.
No deja de sorprender que, aún con todas estas alertas, el presidente Petro prefiriera sacar del gabinete a los ministros que disminuían un poco la incertidumbre en los mercados como José Antonio Ocampo y Cecilia López, y en cambio sostenga a quienes han sometido a la economía a una montaña rusa gracias a sus declaraciones. Irene Vélez nos tiene a punto de un apagón, ha presentado información falsa, se contradice en su discurso y aun así permanece en el gabinete. El amiguismo pesa más que la responsabilidad.
