La convivencia, la paz, la economía y el progreso en el mundo serán objetivos imposibles si se abre camino a la tendencia que observamos, al menos en algunos países, a ignorar, tergiversar y violar el Derecho Internacional.
Hoy, infortunadamente, para algunos gobernantes resulta de mayor importancia satisfacer los intereses políticos de corto plazo que respetar los principios y reglas de las convenciones y tratados internacionales. Son prescripciones, no puras sugerencias, solicitudes o buenas intenciones, como se dice a veces con inaceptable desparpajo. Se trata de verdaderos actos jurídicos y compromisos con efectos vinculantes para los Estados y sus gobiernos, y, por tanto, consagran derechos, obligaciones, deberes, cargas y responsabilidades, todos los cuales -so pena de sanciones- deben ser honrados, cumplidos y observados estrictamente por todos aquellos que han celebrado y ratificado los pactos internacionales.
Toda vez que, durante los últimos años, el mundo ha visto atónito, en vivo y en directo, desde Ucrania y Gaza, la vulneración de todas las normas y restricciones que impone el Derecho Internacional en caso de guerra, así como el total desconocimiento y violación de la convenciones y tratados que protegen a la población civil, a las mujeres, a los niños, a los enfermos y a las organizaciones humanitarias, algunos otros gobiernos comienzan a transitar el peligroso camino de la violación del Derecho Internacional. Esto no debe seguir sucediendo, pues lo que está de por medio y en peligro es -nada menos- la convivencia civilizada entre los pueblos.
Este cinco de abril -en el curso de una operación sin precedentes-, en Quito (Ecuador), fuerzas armadas oficiales irrumpieron de manera violenta en la sede de la Embajada de México, con el objeto de sacar de su interior y arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas -asilado allí-, bajo el pretexto de evitar su huida del país, a pesar de ser investigado por varios delitos.
El hecho es de una enorme gravedad, y con razón ha sido condenado de manera inmediata por la comunidad internacional. Lo debe ser también por la administración de justicia internacional, ya que ha sido vulnerada una de las reglas básicas del Derecho Internacional: nada menos que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, garantizada en la Convención de Viena de 1961, asumida por todos los países de la región, como lo han recordado la ONU y la OEA.
Según la Convención, los locales diplomáticos son inviolables. “Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. En este caso, el jefe encargado de la Embajada fue agredido, inclusive físicamente.
Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala el acto en referencia como “escandalosamente contrario al Derecho internacional”.
La reacción de América Latina y la del mundo entero deben ser firmes e inmediatas. Y es exigible una sanción ejemplar. No solamente se ha pasado por encima del respeto y la inviolabilidad que, según la Convención de Viena, exige el Derecho Internacional para las sedes diplomáticas, sino que se ha desconocido la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969) y la de Caracas de 1954, sobre derecho de asilo.
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