Poco a poco se va haciendo claridad sobre el tipo de asamblea constituyente que quiere Petro. No es, por supuesto, la del art. 376 de la CN, texto que desprecia por tratarse de un mecanismo que involucra a “dirigentes políticos” que impiden que la ciudadanía diversa adquiera el poder. La constituyente es para que, según Petro, el pueblo, en las calles, vuelva a tomar decisiones que en los últimos 33 años no han podido tomarse.
Mucho me temo que esa constituyente a la que Petro se refiere no es otra que la de Maduro que se realizó en Venezuela en 2017. A dichos comicios fueron convocados los sectores que representaban los intereses del Gobierno, a saber: los trabajadores y trabajadoras (79), los campesinos y campesinas y pescadores y pescadoras (8), los y las estudiantes (11 de instituciones públicas y 3 de las privadas), las personas con discapacidad (5), los pensionados y pensionadas (28) los empresarios y empresarias (5) y las comunas y los consejos comunales (24). A este grupo se sumaban los indígenas (8) y los representantes de los territorios.
Muchas cosas llaman la atención de la composición de este constituyente. Mientras están representados los empresarios con 5 cupos, hay 79 cupos para los trabajadores. Entre ellos, 17 de la administración pública contra 2 del sector petrolero, 4 de la construcción y 2 del transporte. Eso sí, 12 para trabajadores sociales y 14 para trabajadores del servicio.
Fácil es concluir que con semejante diseño se aseguraban mayorías absolutas para el Gobierno, como en efecto ocurrió. La constituyente de Maduro fue el capítulo final de la democracia venezolana, la persecución y el encarcelamiento de toda su dirigencia política y la instauración de la dictadura.
La Constitución colombiana prevé múltiples modalidades de participación, como el plebiscito o el referendo, las consultas, los cabildos abiertos y, por supuesto, el voto ciudadano, pero nunca una asamblea de bolsillo como aquella de Venezuela cuyos resultados ya vimos en el pasado y que se llevó de calle la democracia en el país vecino como lo estamos confirmando esta semana con la violación integral de los acuerdos de Barbados mediante la inhabilitación, cuando no la detención física, de cualquier candidato que desafíe al dictador.
Lo cierto es que a Petro le incomoda sobremanera la Constitución que juró respetar y defender. Ahora dice que no puede aplicarla porque no lo dejan, que nuestras instituciones no están a la altura de las reformas que él plantea como necesarias y que el pueblo no se va a arrodillar. Y todo eso lo salpica con un sartal de mentiras.
La invitación que muchos le aceptamos a Petro es precisamente a medir fuerzas, pero dentro de la institucionalidad y en democracia, y aun cuando reconozco que estamos en franca desventaja frente a un gobierno que ya entró de lleno en modo campaña electoral, como tuvimos oportunidad de apreciarlo desde su lanzamiento en Puerto Resistencia, en Cali, y esta semana en Tierralta, San Onofre y San Antonio de Palmitos, en la costa Caribe. Y así seguirá los dos largos años que le quedan de gobierno destruyéndolo todo a nombre de un pueblo que no lo reconoce ni lo acompaña y que mucho lo sufre. Lo que nos espera como país es preocupante, pues a la proverbial incompetencia del Gobierno se sumará ahora la total distracción de los funcionarios en campaña. Anticipo que del paso de Petro por la Presidencia no quedará ninguna obra relevante. Eso debieron haberlo contemplado los que votaron por Petro a sabiendas de lo que había representado su paso por la Alcaldía de Bogotá.
P. D. No voy a detenerme en comentar la pretendida comparación de Petro con los expresidentes Lleras Restrepo y Lleras Camargo, cuyo legado es inmenso en la construcción de un país más justo, próspero y democrático. Me limito a recordar que Lleras sí les cumplió a los campesinos con su reforma agraria, que dista mucho de este remedo donde la meta anunciada fue de 3 millones de hectáreas y van adquiridas 24.109 al sector ganadero y 1.300 al sector agrícola.
