Muchos han querido confundir a los ciudadanos sobre el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo de paz. En esta materia, es fundamental comprender que existen dos acuerdos. El primero de ellos, fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre, como resultado de una negociación de cuatro años entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. 

En aquel documento, las partes acordaron llevar a cabo un plebiscito para aprobar los acuerdos logrados. La votación del plebiscito fue muy apretada y al final triunfó el ‘No’. Posteriormente, un mes y 10 días después del resultado en las urnas, se anunció un nuevo acuerdo que modificaba 56 de los 57 artículos originales, con base en las propuestas presentadas por el “No”. 

En esa nueva negociación, las partes acordaron un mecanismo diferente de refrendación que consiste en aprobar su texto a través del Congreso de la República. Esto, no desconoce la voluntad de los colombianos expresada en el plebiscito, sino que establece un nuevo mecanismo de participación para la aprobación de los acuerdos, que entre otras cosas, cobra especial significado, pues confirma que un grupo que ha estado históricamente al margen de la ley como las Farc, reconoce al Congreso, como una institución legitima. 

En este marco, es importante aclarar que nuestro modelo de democracia es tanto participativo como representativo y que aunque el carácter participativo de la democracia se puede materializar a través de un mecanismo como el plebiscito, otros, no pierden validez o legitimidad. 

En otras palabras, de acuerdo con nuestra democracia, las decisiones que tome el Congreso de la República sobre el acuerdo de paz, son tan válidas como las que tome una porción de los ciudadanos en las urnas. Y me refiero a una porción de los ciudadanos porque en realidad, si miramos los resultados electorales, son más los colombianos representados en el Congreso, que los que votaron en las pasadas elecciones del plebiscito. 

No podemos olvidar que aquella jornada electoral, registró la abstención más alta de los últimos 22 años en el país. En conclusión, el Congreso de la República cuenta con la legitimidad democrática y la representación de todos los sectores sociales, para asumir el debate de la paz y definir temas cruciales para el futuro de nuestro país, como las prioridades sociales de su implementación, las capacidades institucionales y los recursos disponibles para hacerla efectiva.