El pasado 30 de junio un periódico nacional publicó una nota donde daba cuenta que la ONU, desde el 30 de junio de 2018, estableció en el mundo esa fecha como el Día Internacional del Parlamentarismo, en honor a la fundación de La Unión Interparlamentaria – UIP -, creada el 30 de junio de 1889, la cual busca que gobiernos, parlamentos o parlamentarios trabajen juntos de manera internacional.
También se trata de resaltar la trascendencia de estas corporaciones que, en los últimos tiempos, cuando debate - que es su esencia - se ha tratado de ignorarlas apelando a la ficción de un supuesto respaldo del poder popular.
Parlamentarismo, según la RAE, es un “Sistema político en que el poder legislativo está confiado al Parlamento, ante el cual es responsable el Gobierno”. No obstante, en Colombia no hablamos de Parlamento, porque no tenemos régimen parlamentario donde, como lo aclara Vidal Perdomo, sí existe la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento, como en Canadá, Francia y España; en nuestro medio tenemos régimen presidencial y hablamos de Congreso de la República, donde, en términos generales, existe la ausencia de responsabilidad política del gobierno ante el Congreso.
Sin embargo, a menudo escuchamos que los periodistas hablan de Parlamento como sinónimo de Congreso, seguramente por aquello de que parlare es hablar, algunas veces con convicción, diciendo cosas verdaderas y callando otras, a veces diciendo cosas provechosas o necias y los más frescos hablando con “desembarazo o expedición”. El día del Parlamentarismo cobija sus varias denominaciones.
Hace dos décadas unos ciudadanos que vieron deficiencias en la estructura de nuestro sistema presidencial conformaron el “Grupo civil de amigos del sistema parlamentario” para proponer instituciones políticas más modernas y civilizadas, entre ellas, implantar el régimen parlamentario, que no acabará los males, pero permitirá a la sociedad liberar el potencial de progreso y unión. Ese Grupo civil estaba conformado por Alfonso López Michelsen, Tito Livio Caldas, Benjamín Ardila Duarte y Rafael Pardo Rueda, entre otros, y sus reflexiones quedaron plasmadas en el libro “El sistema parlamentario. El mejor gobierno para Colombia”. Pero eso será cuando termine la horrible noche.
A propósito, recuerdo haber leído hace algún tiempo un libro que me causó curiosidad, porque prácticamente trata de crear una nueva rama del derecho, algo novedoso entre nosotros pero que hace décadas se imparte en otros países.
El libro se titula “Introducción al derecho parlamentario colombiano” y su autor es el santandereano Carlos Ardila Ballesteros, exrepresentante a la Cámara y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Es cierto, como lo dice el prologuista, que las normas aplicadas al Congreso y el vocabulario de los trámites constitucionales no son de dominio público.
Vale la pena preguntarse, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie si cuando una norma de la Carta es nítida y entre el ejecutivo y el legislativo la enredan y no coinciden en que un trámite legislativo es de carácter ordinario o estatutario? Tal es el caso de la ley que transforma y nacionaliza la salud en Colombia, que es un trámite estatutario y tiene unos requisitos precisos y superiores al ordinario, porque, como dice el tratadista Diego Younes Moreno, la estatutaria se caracteriza porque constituye “una extensión o prolongación de la Constitución”.
Las fuentes esenciales de esta nueva rama del derecho público serían: la Carta, la ley 5º de 1992, la jurisprudencia constitucional y los estatutos de los partidos políticos.
