Si antes había alguna, ya no hay ninguna duda sobre la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, en las que sostienen que entregaron dineros y contratos de la UNGRD a congresistas. Y, con la información conocida esta semana, ha quedado comprobado que tales entregas se dieron por orden de ministros y altos funcionarios de la Casa de Nariño.
Además de los testimonios de López y Pinilla, se han conocido otras pruebas, entre ellas chats, la libreta de López con los nombres, de puño y letra de una congresista, de otros parlamentarios que vendieron su voto, audios sobre reuniones y órdenes para el direccionamiento de los contratos, y análisis técnicos que demuestran, con base en el posicionamiento georreferenciado de los celulares, que los congresistas y funcionarios de Palacio sí estuvieron donde López y Pinilla dijeron que se habían encontrado para recibir los dineros negociados.
Aunque inicialmente lo negaron, son contundentes las pruebas contra Iván Name y Andrés Calle. El involucramiento de ambos demuestra la importancia de escoger muy bien los nuevos presidentes del Senado y la Cámara. El poder que tienen para definir e impulsar la agenda legislativa es enorme. Entregarle esas presidencias al petrismo sería un error monumental.
Lo nuevo, sin embargo, son las evidencias que muestran la responsabilidad del MinHacienda y de Carlos Ramón González, entonces director administrativo de Presidencia y hoy jefe de la Dirección de Inteligencia.
El resumen no es complejo: desde la Presidencia, los ministerios del Interior y Hacienda, se puso en marcha una operación de soborno de representantes y senadores claves, entre ellos los presidentes de las dos corporaciones, el de la Comisión de Acusaciones y los de Crédito Público. Para ello aprobaron adiciones de centenares de miles de millones de pesos para la UNGRD y se le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a los parlamentarios. También se ordenó desviar dineros públicos para asegurar que el Eln se mantuviera en la mesa de la “paz total”.
Hay elementos que no puede perderse de vista. Uno, que Olmedo siempre ha sido de la entraña misma de Petro: es exM19, cuando fue candidato por la lista de “Decentes”, Petro apoyó y promovió su candidatura, López fue el donante individual más importante de la campaña petrista en 2018, y fue el mismo Petro quien lo nombró en la UNGRD. Dos, hay declaraciones públicas de Petro defendiendo a López cuando fue suspendido por la Contraloría. Petro nunca lo destituyó. López renunció cuando se hizo pública la estafa de los carrotanques, la pieza inicial del escándalo. Tres, que no era posible que Olmedo y Sneyder hubieran diseñado y puesto en marcha la operación de soborno de los congresistas. Tenían que haber recibido órdenes del alto gobierno, como efectivamente ocurrió.
Cuatro, que tampoco es creíble que los ministros y altos funcionarios involucrados hayan dado esas órdenes y hayan participado en la operación de saqueo y corrupción de la UNGRD sin el conocimiento del gran beneficiado, el mismo Petro. Quinto, porque, en efecto, el favorecido es Petro: toda la operación estuvo destinada a facilitar la aprobación de sus proyectos en el Congreso, a conseguir la deuda que necesitan sus políticas, a asegurar su impunidad en la Comisión de Acusaciones, a amarrar al Eln a las negociaciones para que su “paz total” no fracase estrepitosamente.
Con semejantes hechos, que se suman a la larga lista de escándalos que rodean su familia, su círculo más íntimo y su campaña, Petro debería renunciar. En otro país habría un clamor ciudadano y mediático enorme para presionar esa renuncia. Pero esto es Colombia y desde Samper los parámetros éticos y judiciales se reventaron en mil pedazos.
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