Para la gobernanza de los países existen dos tipos de políticas: las políticas de Estado, que son políticas concebidas para el largo plazo y que responden a un objetivo nacional claramente identificado y definido y políticas de Gobierno, que tienen que ver con la manera como el gobierno de turno cumple con sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en salud, educación, alimentación, vivienda, en el ejercicio pacífico de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Hago esta distinción porque la política de Estado tiene que ver con la supervivencia misma de la nación a largo plazo y no cambia con cada gobierno, sino que se mantiene a lo largo del tiempo. 

La política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) debe ser una política de Estado, porque,  por un lado, debe responder a un objetivo como nación y, por el otro, porque la ciencia es una actividad a largo plazo que requiere años y décadas para ver resultados prácticos y, por consiguiente, debe mantenerse como política, independientemente de los gobiernos de turno.

La prosperidad de un pueblo se basa en la satisfacción no solamente de todas las necesidades básicas de su población, sino en que goce de todas las condiciones que hagan más cómoda su vida y le permitan vivir con dignidad. Decían los romanos: “ratio economica ultima questio”, es decir, es en lo económico en donde debemos encontrar las causas reales de los actos humanos. La economía colombiana es una economía dependiente del sector primario o extractivo de la economía. Afirmaba el senador Robledo en la presentación de su ponencia negativa al texto del proyecto de ley 201 del Senado, modificado por intereses políticos que lo hacen nugatorio, que el 50% de nuestras exportaciones están constituidas por el sector minero, el 20% por café y otro 10% por productos agrícolas sin valor agregado.  Es decir, el 80% de nuestra economía de exportación es netamente extractiva.

Nuestro modelo económico es, entonces, exportar materia prima para que los países avanzados la transformen en manufacturas que luego nos venden y que ¡nosotros pagamos con el producto de la venta de nuestros recursos primarios!  Nuestra dependencia se confirma cuando miramos las 100 empresas más grandes de Colombia recopiladas por la Revista Semana en su edición especial del 20 al 27 de mayo pasado.  El 20% de ellas son claramente filiales de empresas extranjeras; el 24% tienen que ver con minería y combustibles; el 15% con el sector salud y un 13% con comercializadoras. ¡Industria con capital colombiano constituye apenas el 19%! Un análisis somero mostraría que buena parte de la materia prima para los productos de nuestra industria es importada. Así, nuestra dependencia económica es absoluta: ¡vendemos barato para que con lo que nos pagan compremos caro lo que no somos capaces de producir! 

Para que las cosas cambien será necesario que cambie nuestro modelo económico y esto sólo es posible si tenemos una política de Estado para CTI que establezca propósitos claros y financiación adecuada a largo plazo para formar científicos, para proveerlos de los instrumentos e insumos necesarios para su investigación, para permitirles la movilidad necesaria para confrontar sus hallazgos en congresos nacionales e internacionales y para convertir nuestras revistas científicas en revistas de obligada consulta a nivel mundial. 

El comité de CTI de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales viene proponiendo públicamente la necesidad de establecer dicha política de Estado que involucra la creación de un Ministerio de CTI y un Consejo compuesto por científicos que establezca y haga seguimiento a esa política.  Ojalá nuestro próximo presidente oiga finalmente la voz y la experiencia de los científicos y no la de los políticos en búsqueda de puestos o prebendas.