La primera gran conclusión de la votación presidencial en primera vuelta del domingo anterior es que los colombianos quieren un cambio en la administración pública desde la presidencia y ahora tenemos que escoger entre dos candidatos que han propuesto eso para el país, con estilos diferentes. Esa circunstancia parece lógica porque los gobiernos se van desgastando y la renovación es consecuencia de lo mismo. Puede ser acelerada por algunos hechos, para nuestro caso actual el desprestigio del actual gobierno blandido como discurso repetido por el candidato Gustavo Petro y la batalla contra la corrupción por parte del ingeniero Rodolfo Hernández.
 
Ahora, de cara a la segunda vuelta se han incrementado los ataques con tal de afectar la imagen del oponente y se acude a todo tipo de medio con tal de lograr su objetivo y con ello obtener la victoria. Ante tal situación debería también tener cabida un cambio en la forma de hacer proselitismo político, el cual tendría que estar basado en principios de respeto y apego a la verdad para evitar difamaciones.
 
En este país donde existen leyes para todo y todo se reglamenta, bien podría caber una normatividad con respecto a este proceder de los candidatos y sus campañas. Ahora cada quien hace lo que le parece y dice lo más conveniente con la intención de ganar favoritismo entre los electores y su conducta no está enmarcada en un estatuto que le permita o impida tener cierto comportamiento.
 
Un ejemplo de ello son los debates. Los candidatos son libres de aceptar o rechazar tales enfrentamientos verbales en los medios de comunicación y otros escenarios. En primera los hubo y los organizadores desecharon a quienes no tenían opción de ganar, sin embargo ellos tenían propuestas que pudieron ser de interés y se les negó la posibilidad de exponerlas. Para este segundo round por consejo de quienes lo asesoran el candidato Hernández no asistirá a debates que lo enfrenten a Petro y por el contrario se atiene al largo interrogatorio de los periodistas en las entrevistas y aunque haya un intento por obligarlo a asistir al menos a un debate, no hay una disposición legal a la cual se pueda acudir para hacerlo acudir de manera forzosa.
 
Otro asunto son las ofensas y las versiones que se echan a rodar en las redes sociales y medios de comunicación, tratándose de falsedades. De tal manera que debería haber un pacto de responsabilidad si no está reglamentada la forma de hacer campaña, lo cual debería hacerse en sentido positivo y dejando de lado los agravios. Esto parece utópico porque también ocurre en países con mayor desarrollo y democracias más sólidas, pero si lo hiciéramos seríamos pioneros, sin una cultura malsana de la discusión nos adelantaríamos a quienes tienen como válidas conductas de agravio durante una campaña electoral. 
 
Se viene el cambio, el péndulo se mueve en ese sentido, lo más importante es definir hacia que tendencia debemos inclinarnos. Conocidos los antecedentes de los candidatos en contienda, prefiero pensar en un país sin corrupción y construyendo su futuro en manos de quien ha demostrado eficiencia en la administración pública.

jorgepabonl@yahoo.com