La semana pasada se reunió la comisión de seguimiento y garantías electorales, con presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, los partidos políticos y, por supuesto, el Gobierno y los mandos militares. En esa cumbre se pusieron de presente la falta de seguridad en más de cien municipios del país, los asesinatos y la prohibición impartida por organizaciones criminales a candidatos para inscribirse por Cambio Radical y el Centro Democrático. Igualmente, se informó de problemas en los sistemas de la Registraduría. Pero, de lejos, el mayor cúmulo de preocupaciones versó sobre la corrupción y la intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso electoral.

 Tan solo en la Procuraduría reposan más de dos mil denuncias. Ante la gravedad de la situación, la doctora Cabello anunció la creación de una “comisión especial para seguirles el paso”. Me pregunto, a 7 días de las elecciones, ¿qué se ha hecho? ¿A quién se ha sancionado o al menos reprendido? Todos los denunciados siguieron más activos que nunca exhibiendo un total descaro y despreocupación por el poder sancionatorio del ente de control. No podía ser de otra manera, después de observar lo que ha ocurrido con los miles de denuncias por corrupción a todo nivel sin que nada haya pasado o vaya a pasar. Todo esto me confirma la conveniencia de eliminar la Procuraduría.

Todos los investigados van a terminar sus mandatos en la total impunidad fiscal, disciplinaria y penal. Para asegurar que nada les sucederá, en la retirada es indispensable cubrir el frente interno, haciendo elegir a como dé lugar a sus sucesores, única manera de asegurar que se cumplan los compromisos con los contratistas y que no se vayan a destapar las ollas de corrupción que han dejado a su paso por la Administración. 

En el Magdalena, por ejemplo, el gobernador Caicedo, con nada menos que 17 investigaciones disciplinarias, 5 fiscales y varias penales, abandonó el cargo para salir con toda libertad y descaro a seguir promoviendo para la gobernación la candidatura de Rafael Martínez y la de su hermana a la alcaldía, hoy sustituida por Jorge Agudelo.

 El caso de Medellín es similar, con la renuncia de Daniel Quintero para liderar, como ya lo venía haciendo, las campañas de Juan Carlos Upegui a la alcaldía y la de Esteban Restrepo a la gobernación. El primero, primo de su mujer, y el segundo, su antiguo secretario de Gobierno. Con ello pretende garantizar que las múltiples quejas en su contra queden en la total impunidad y no vayan a interferir en su anunciada carrera presidencial.

 En Santander, Mauricio Aguilar sigue en descarada campaña a favor de Héctor Mantilla para la gobernación y de Oviedo para la alcaldía de Bucaramanga. Todo lo más desprestigiado del departamento y la ciudad acompaña estas postulaciones. Pero llamo particularmente la atención sobre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y su decreto de emergencia para contratar directamente $ 130.000 millones, 6 meses después de ocurridos los hechos.

En Sucre, Héctor Olimpo Espinosa se la juega toda por su exsecretaria de despacho Lucy García. Pero también en este caso ninguna investigación avanza. Nada sabemos de las pesquisas sobre el contrato de los kits alimentarios, nada sobre las vías de San Onofre, Las Tablitas-San Marcos, la liquidación de la red pública de hospitales, donde, además, se crearon 500 cargos en pleno proceso electoral. Tampoco le sucedió nada al exalcalde Andrés Gómez, quien dejó el cargo por orden del Consejo de Estado, pero no antes de entregar la concesión de aseo por 20 años a un precio de $ 148.000 millones.

Se empieza a abrir paso una reforma del Consejo Nacional Electoral, gran responsable de lo que está sucediendo al haber autorizado la creación de 37 nuevos partidos que han degradado con su feria de avales este debate electoral.

 Así las cosas, la única buena noticia de estos comicios regionales será la monumental paliza electoral que recibirá el Pacto Histórico. Ya veremos si Petro puede seguir invocando el apoyo del pueblo a sus inconvenientes reformas.

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