Justo hace un año, en la clausura del Congreso de la Infraestructura, el director del gremio se ufanaba de que todos los problemas se estaban resolviendo por la vía de la concertación y el diálogo y no en los tribunales. Luego presentó los 10 mandamientos para el desarrollo de la infraestructura y se dirigió a Petro para invitarlo a seguir conversando para construir un país en democracia. A juzgar por lo sucedido en estos 15 meses, Petro no les copió nada ni a Caicedo ni al gremio que representa. Ni mandamientos, ni decálogo, ni piedra angular ni nada. Este año solo hemos visto caos, parálisis y demandas.
Al decálogo vinieron los compromisos del chisgarabís ministro de Transporte, Guillermo Reyes: planeación de la intermodalidad; conectividad y accesibilidad de la Colombia profunda; reactivación y consolidación del modo férreo y fluvial; despliegue de sistemas inteligentes de transporte y cofinanciación para las entidades territoriales. A la fecha no es posible registrar un solo avance en esta agenda. Baste mencionar que en cuanto a la principal promesa, que fue la conectividad de la Colombia profunda y su principal programa, ‘Caminos comunitarios para la paz total’, el avance es inferior al 1%.
Mirando el sector en su conjunto y a escasos 50 días de terminar el año, la ejecución del presupuesto de inversión es bajísimo. Por eso el indicador registra un decrecimiento de obras civiles del -15% en este año.
En lo que se refiere a los avances del Programa de Concesiones de 4G y tras 15 meses del Gobierno Petro, siguen sin entregar los 21 proyectos viales que heredó. Y lo más preocupante es que están en trámite de respuesta las solicitudes de varios concesionarios de terminar anticipadamente y devolver varios corredores, aduciendo la imposibilidad de su ejecución. Me temo que pronto serán varios más.
Desde enero, el 2023 arrancó mal con la firma del Decreto 050, mediante el cual prohibieron el incremento tarifario anual en las 143 casetas de peaje de la ANI y el Invías. Omitieron valorar los efectos perversos que acarrearía el haber intervenido, unilateralmente, los contratos de concesión vigentes en la ANI y el contrato de recaudo de peajes en Invías. Se estima que, a diciembre de 2023, por este concepto habrá que compensar a los concesionarios un valor cercano a 1 billón de pesos. Por ello la ANI estará obligada a responder demandas arbitrales y una posible terminación anticipada de estos contratos cuyo valor de liquidación podría ascender a 10 billones de pesos, por unas obras inconclusas y abandonadas.
Los anuncios del ministro Camargo de poner fin al congelamiento de peajes se quedaron en eso. Aprovechando el encuentro, advirtió que ya este año ni pensar en aumentos. Y la pregunta ahora es cómo harán para introducir en el 2024 un ajuste para los dos años acumulados.
La perla más relevante del Congreso fue la creación del nuevo Instituto de Vías Regionales, el Invir, cuyo efecto será duplicar innecesariamente la burocracia y el gasto del Invías y, por supuesto, sustraer estos recursos de los presupuestos de inversión. Pero, al margen de esta insensatez, lo más preocupante es que el Invir podrá contratar directamente estas obras sin licitaciones ni concursos, sin límite de cuantía y con toda clase de organizaciones sociales, una nueva fuente de corrupción y de politiquería.
Y ahora resulta que debemos quedar todos agradecidos y tranquilos, pues se comprometieron a no acabar con los contratos de concesión vigentes. También todos felices porque no se acaba la ANI, que en el futuro hará hospitales, cárceles y otras dotaciones. Y finalmente el cuentazo de la valorización como fuente de financiación y pago de las obras del sector.
De esta nueva edición del Congreso no quedan sino más preocupaciones y la certeza de que este sector seguirá paralizado por la falta de recursos, la creciente desconfianza e incertidumbre de los inversionistas, el no pago de las obligaciones contractuales y la incompetencia proverbial de todos los gestores estatales. Pero qué importa, dirá Juan Martín: sigamos charlando, presidente.
