La democracia debe ser el puente para transitar entre la guerra y la paz. Los colombianos han visto con desilusión que las discusiones sobre el proceso de paz en el Congreso de la República, se han empobrecido, y se reducen a blindar jurídicamente un texto acordado en la mesa de La Habana y a los actores que se sentaron en ella.

En realidad, lo que debemos hacer es reconstruir ese puente que la guerra rompió y que ahora, nos permitirá llegar al puerto de la paz, en otras palabras, la democracia. Para hacerlo, como lo han dicho tratadistas internacionales, es necesario fortalecer tres pilares fundamentales: el funcionamiento de nuestras instituciones, la consolidación de un contexto de seguridad para todos los colombianos y la materialización de la garantía de participación política.

En relación con el primer aspecto, es preciso decir que, si no revisamos el funcionamiento de las instituciones públicas a todo nivel, así como su eficiencia y eficacia para responder a la población, para representarla, para interpretarla, para solucionar sus problemas, no lograremos exitosamente construir un proceso de transición que nos saque del conflicto.

El segundo pilar es la seguridad. Si no generamos un ambiente de seguridad que vaya más allá de tener a la fuerza pública presente en todos los municipios de Colombia, y, que impacte principios como el de la seguridad jurídica de quienes generan emprendimiento y desarrollo en la nación, no podremos darles certeza a los colombianos de que este tránsito hacia la paz, será estable y duradero en el tiempo.

Finalmente, tenemos el pilar de la participación política. Colombia no lograra la paz, si no garantizamos que todos los ciudadanos se sientan partícipes de este proceso, y que cada uno tenga poder de decisión y capacidad para hacerse responsable de una parte de la construcción de este puente.

Si no revisamos nuestro sistema democrático y las garantías para quienes se oponen, no vamos a poder construir un camino que soporte la inclusión de 46 millones de colombianos.

Por eso, es necesario abordar el debate de las garantías al ejercicio de la oposición desde una visión amplia e integradora. Esta oposición no solo debe ejercerse a través de los partidos políticos sino también a través de la sociedad civil; por eso buscaremos fortalecer el poder que tiene cada ciudadano de participar y oponerse a las decisiones que se tomen en la política para que cuenten con las garantías que necesitan para organizarse, acceder a la información y constituir las veedurías que sean necesarias para que su derecho a oponerse, sea real y contribuya verdaderamente a la construcción de una auténtica democracia.