Nuevamente se vislumbra dentro del Congreso de la República otro revés para la agenda legislativa del Gobierno Nacional. Una, la “reforma halloween” o reforma tributaria disfrazada que después de las imprecisas explicaciones del Viceministro Técnico de Hacienda en los medios, del rechazo del mismo Centro Democrático, partido de gobierno ¿o de oposición? que se opone “rotundamente" al IVA para la canasta familia.

La otra, al parecer será la reforma a la justicia, que si bien pasó su segundo debate -de ocho- en el Senado de la República, parece no tener mucha aceptación en la Cámara de Representantes. Lo anterior, porque desde el principio se le mostró a la opinión pública como “estructural”, pero, como siempre, no se ataca la problemática de fondo. Presentada como integral, es más bien un paño de agua tibia. Así, en el trámite legislativo no sobrevivió la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y, en cambio, se aprobó el aumento de la edad de experiencia y el periodo de los magistrados. 

El Nuevo Liberalismo exhorta al Gobierno para que retire esta iniciativa que llega debilitada y sin lo que se anunciaba como de “fondo”. El problema actual de la justicia no son los órganos ni los procedimientos actuales. Son en primer lugar la demanda de justicia insatisfecha y, además, la falta de profesionalización de los funcionarios de la rama judicial.

En cuanto a la primera, cuando la ciudadanía ve que esta no funciona y que, además, es muy difícil de acceder, se abstrae totalmente el concepto de justicia, por lo que las personas comienzan a resolver sus problemas por cuenta propia, dejando a un lado la institucionalidad. Ahora, si bien, los funcionarios hacen lo imposible en sus despachos a los que no le cabe ni un proceso más y en complejos de pésimas condiciones, tanto de infraestructura como tecnológicos, urge que el Presidente tome acciones inmediatas para resolver esta situación. No podemos permitir que la gente se olvide de que los únicos que pueden decidir sobre un conflicto en el país son los jueces.

Sobre el segundo punto, es preciso señalar que nuestro país al estar cooptado por el clientelismo, elige personas sin mérito para ocupar estos cargos. Los pocos recursos que se tienen deben destinarse a que el capital humano judicial tenga las habilidades, capacidades, conocimiento, experiencia, pero, ante todo, ética para impartir justicia. 

De ahí que la reforma integral a la justicia del Nuevo Liberalismo tendrá como pilares estos dos puntos analizados. No desgastemos al Congreso y, en cambio, pongamos en marcha estas transformaciones como política pública de manera inmediata.