El célebre discurso que el maestro Guillermo Valencia pronunció alguna vez en la Quinta de Bolívar comenzó con la frase con que se titula este artículo: “Todo es sagrado aquí”.

Algo similar habría que decir del campo de la batalla de Boyacá que, actualmente, y en virtud del trazado autorizado para hacer la ampliación de la carretera Bogotá- Tunja, está gravemente amenazado: si se realizan las obras tal como están planeadas se estropearía el campo de la batalla, se construirían taludes y chaflanes indebidos en pleno territorio de la batalla, y se daría al traste con un sitio desde donde la historia cuenta que el Libertador dirigió la batalla y que, con razón, se conoce como el “atril de la patria”.

Cursa en este momento ante el Consejo de Estado una acción popular que ojalá prospere, que ha sido coadyuvada por diversas academias, y que busca precisamente evitar que este estropicio histórico se consume.

La ley 1682 de 2013 conocida como “ ley de infraestructura del transporte” – queriendo favorecer la rápida construcción de vías en el país se lleva de calle elementales garantías de los particulares y del respeto – aún superior- que debería rodear sitios sagrados de nuestra historia como es el campo de la Batalla de Boyacá.

Esta fue la razón precisamente por la cual el jurado del premio anual al mejor artículo de derecho económico que discierne la Fundación José Ignacio de Márquez, se otorgó este año al artículo titulado: “La ley de infraestructura de transporte y la preservación “a toda costa” del interés viario.

Estudio de las licencias especiales para el desarrollo de vías de interés particular y el asiento de redes lineales como medida de eficacia”, publicado en la revista Contexto del Externado de Colombia, y cuyo autor es Luis Fernando Hernández Betancur.

El autor recuerda que esta ley hizo parte de un conjunto normativo muy importante que expidió Colombia en los últimos años para apoyar y estructurar todo lo concerniente a la infraestructura y al desarrollo de los diversos modos de viabilidad.

En lo cual nuestro país venía mostrando un acentuado retraso y déficit. Partiendo de la premisa que el desarrollo de la infraestructura resulta un elemento indispensable para apoyar y apalancar el desarrollo económico.

La tesis central del autor, original y que abre fértiles horizontes de análisis constitucional, es la siguiente: “La prevalencia a toda costa, aunque efectiva carece de ponderación y, por tanto, es ineficiente, pues la reducción de costos de las acciones viales en el corto plazo se transforma, bien en deterioro de la riqueza social por la afectación desproporcionada de otros intereses útiles a la sociedad, bien en sobrecostos tardíos derivados de la causación de daños antijurídicos a los titulares de los intereses jurídicos que deben ceder ante la inercia inicial de rango superior del interés viario pero que, en el mediano plazo, tendrá todo dispuesto para reclamar las reparaciones que sea pertinente”.-

El autor otea un conflicto que se puede presentar, como es el caso de las obras mencionadas del puente de Boyacá, entre la prevalencia a toda costa que la ley otorga a los intereses asociados al desarrollo viario del país, y el choque que esta preeminencia avasalladora pueda generar con otros legítimos intereses de particulares afectados. O de los sitios sagrados de nuestra historia como sucede en este caso.

*Apartes de artículo publicado en “Ámbito Jurídico”