En medio de la difícil situación sanitaria que afronta la humanidad producto de la pandemia producida por la COVID-19, se presentan situaciones inverosímiles que contrastan con lo que debería ser una acción humanitaria oportuna y mínima que garantice el principal de los derechos, el derecho a la vida.

El gobierno venezolano ha dado muestras al mundo del flagrante irrespeto a los derechos humanos de sus connacionales, los cuales han tenido que afrontar un gobierno despótico, que sólo ofrece hambruna e incertidumbre jurídica viéndose obligados a salir huyendo del régimen para salvaguardar el único derecho que les queda; la vida, porque los demás los perdieron.

Luego de deambular por Suramérica muchos de los migrantes que no tuvieron la fortuna de poder establecerse de manera adecuada en ningún país de este continente, incluido el nuestro, tomaron la decisión de retornar a su país, para reintegrarse al seno de su hogar y patria. Pero ahora que el péndulo de la crisis migratoria llegó al vértice y empieza su trayecto de retorno, los venezolanos que quieren ingresar a su país no pueden hacerlo.

El cuadro de miseria y desolación es desgarrador, los migrantes que retornan se aglutinan en centenares en condiciones infrahumanas, por no poder pasar la frontera, debiendo en consecuencia vivir a la intemperie hasta que por fin puedan ingresar a su país. En el show mediático Venezuela declara no tener donde albergar tantos retornados, desconociendo que si se logra hacer un cerco epidemiológico adecuado, no es necesario tener que albergarlos en sitios especiales, como pretenden.

Lo cierto es que se volvió un problema social y de salubridad pública la situación, pues llegan y llegan cada día más venezolanos a la zona de frontera y no hay dónde albergarlos transitoriamente. La bomba epidemiológica, puede estallar en cualquier momento y sus esquirlas cargadas de muerte impactarán en ambos lados de la frontera.

Como si fuera poco, las organizaciones internacionales, que por su mandato de cooperación deben especializarse tan solo en algunos temas, proponen entregar recursos para pagar arriendos  hasta por tres meses a estas personas mientras logran el objetivo de ingresar a su país. Sin embargo, se debe tener cuidado que una solución transitoria no genere un problema permanente. Pagar tres meses de arriendo a los retornados, nos puede salir caro, pues es un tiempo  suficiente para saber si es viable quedarse en Cúcuta o por el contrario, es mejor regresar a su país.

Necesitamos presión internacional para impedir que se violen los DD.HH. de la manera aberrante como lo esta haciendo Venezuela en este momento. Tenemos que reactivar los procesos de cooperación enfocados en soluciones reales y no tratarlos con paños de agua tibia.  A toda costa deberíamos impedir que Cúcuta y su área metropolitana sigan siendo un embudo humanitario.