Los colombianos no podemos seguir permitiendo que los niños y niñas sean blanco de todo tipo de vejámenes, que van desde la privación de la libertad hasta las aberrantes conductas de abuso sexual. Un ser humano que atenta contra la vida e integridad de un niño o niña, es una persona que además de una condena requiere de atención médica, porque su conducta no es normal.

La legislación colombiana se ha esforzado en desarrollar un ordenamiento legal que proteja de manera especial los derechos de los niños y niñas, sin embargo está claro que no es un tema jurídico, sino sociocultural de nuestro país. Las noticias a diario dan cuenta de una violación, de un maltrato y hasta de una muerte de menores, especialmente porque no hemos podido dejar de ser violentos.

En momentos coyunturales como el presente, donde las noticias desastrosas informan sobre ataques a menores, se abre el telón y afloran las iniciativas de pena de muerte o cadena perpetua para violadores de niños o niñas.

Es preocupante, que la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informe que en Colombia en lo corrido del año se han iniciado más de 9000 procesos de abuso sexual contra la niñez, pues esto significa que las cifras reales son altísimas, porque el número de procesos iniciados siempre es muchísimo menor, ya que no se denuncia por miedo.

Al revisar quienes son los principales agresores, sorprende el hecho que la gran mayoría de estos desdeñables delitos son cometidos por los padrastros o familiares de los niños. La causa principal de esta calamidad en nuestro país, es la conducta aberrada de los agresores, los cuales deben responder de manera individual y drástica por su equivocada conducta. Sin embargo déjeme plantear una raíz aun mayor y no contemplada de la problemática que carcome nuestra sociedad, la falta de temor a Dios.

Salir a demandar la pena de muerte, cadena perpetua o la castración química como medida de aleccionamiento de los abusadores, no necesariamente evitará que se sigan cometiendo los abusos, pues está probado que la mayor punibilidad no elimina las razones por las cuales las personas delinquen. No significa que no debamos aumentar las penas, estoy de acuerdo en explorar el mecanismo, pero considero que no eliminará la problemática. Cuando una persona tiene diabetes y le amputan un miembro de su cuerpo, no se elimina la enfermedad, solo una parte dañada; pero la causa sigue.

La causa de toda esta problemática es la desestabilización de la familia como núcleo de la sociedad. No hemos entendido como conglomerado social y menos como Estado la importancia de la familia como célula de la sociedad y como es quedebemos concentrarnos en ella.  Todas las políticas públicas se dedican a atender los problemas de drogadicción, abuso, maltrato, ect, pero ninguna se dedica a fortalecer a la familia porque se parte de la base que ella está bien. Se atienden los problemas y no se apoya a quien es la solución. Necesitamos políticas públicas profamilia para poder hacer un frente común por la defensa de nuestros niños.