La senadora Claudia López se anotó un gran éxito en la Comisión Primera del Senado. En la discusión en primer debate del llamado Acto Legislativo de la Paz logró que se incluyera un artículo por el cual se crea un presupuesto plurianual, para canalizar por allí toda la financiación que requerirá el posconflicto. Será un mandato Constitucional. 

Si la paz se firma en marzo de 2016, como todos aspiramos y como ya lo han anunciado conjuntamente Gobierno y Farc, en ese momento no terminarán las cosas, apenas comenzarán. A partir de allí inicia la gigantesca tarea de aclimatar la paz, cosa que necesitará de ocho a diez años, en lo que se conoce como la construcción del posconflicto. 

El posconflicto, desde luego, no es solo cuestión de dinero. Se necesitarán cambios estratégicos en las instituciones (como las que acaba de proponer la Misión Rural); habrá necesidad de cambios de mentalidad (sobre todo en algunos sectores recalcitrantes); pero también se necesitarán recursos importantes para financiarlo. 

Los estudios recientes son concordantes en que la financiación del posconflicto requerirá no menos de un punto del PIB por año, es decir, unos ocho billones de pesos adicionales a lo que ya aparece para inversiones de la paz en el presupuesto anual. 

Suena a mucho, pero cuando se compara con los gastos de la guerra es evidente que el mejor negocio que puede hacer el país no solo es firmar la paz, sino financiar adecuadamente el posconflicto. Y es un gasto que se puede hacer perfectamente sin desquiciar la ortodoxia presupuestal. 

Con la comunidad internacional se han venido gestionando algunos recursos que servirán sin duda en la financiación del posconflicto. Son plausibles, pero forzosamente resultarán marginales, dada la magnitud de la empresa, que en su parte principal le corresponde asumirla a Colombia. 

Si la fecha que con tanta solemnidad se anunció en La Habana para firmar la paz finalmente se cumple, es decir marzo 22 de 2016, ello significa que a partir del año entrante tendrá forzosamente que comenzar la financiación de las cuotas partes anuales que requiere el posconflicto. 

Ahora bien: sucede que en el presupuesto nacional para la vigencia del 2016 que se acaba de aprobar esta semana en el Congreso prácticamente no hay nada previsto para financiar el posconflicto. Esto hace parte de la modorra que ha venido caracterizando la política fiscal en los últimos meses frente a la paz. 

El Ministerio de Hacienda, por el contrario, en el presupuesto para la vigencia del 2016 contempló una severa reducción en los índices de la inversión pública. Y no ha dicho hasta el momento nada claro sobre cuándo piensa tramitar la famosa reforma tributaria integral que tanto se necesita, dados los oscuros panoramas fiscales que se otean en el futuro. 

Como lo ha repetido en varias ocasiones ANIF, el Ministerio de Hacienda se ha venido especializando en el arte de postergar las decisiones fiscales difíciles, quizás pensando en no hacerles ruido a las elecciones de este año. Lo cual entraña el grave inconveniente de que se le está acabando el tiempo político para hacer algo profundo y estructural en la nueva organización tributaria del país. 

El artículo que logró incluir la senadora Claudia López en el Acto Legislativo de la Paz es, pues, un banderilla oportuna para despertar la política fiscal, de su modorra frente a la financiación del posconflicto. Enhorabuena. 

* Ex ministro de Hacienda y de Agricultura.