Revisando el texto del proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso, resulta inevitable compararla con el proyecto que fue presentado previamente por el Gobierno en el primer semestre del año, que siguió las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos -OCDE- para el fortalecimiento del sistema tributario, y que fue retirado como resultado de la jornada de protestas que vivió el país.
De una simple revisión, se evidencia que las pocas cosas que se mantienen es el “nuevo” impuesto de normalización tributaria y la eliminación de una serie de beneficios específicos en materia de tributación de empresas. El resto de arandelas que inicialmente preveía el proyecto de reforma, como el impuesto solidario a los altos ingresos y el cambio normativo en torno a las bases sobre las que se calcula la ganancia ocasional en herencias y donaciones, se eliminaron. Igualmente, de manera sorpresiva, el nuevo proyecto no prevé un impuesto al patrimonio (un impuesto tristemente usual en nuestro sistema tributario) ni tampoco un incremento en la tarifa del impuesto a los dividendos.
La columna vertebral de este nuevo proyecto es el incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, cuya tarifa general empezará a ser del 35% a partir de 2022 si el proyecto es aprobado, y no del 30% como inicialmente se tenía dispuesto para dicho año. Si bien el incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta puede generar un recaudo importante, surge la inquietud de saber si resultará suficiente para cubrir todos los gastos del Estado. Gastos, valga decir, aumentarán con todos los compromisos de contenido social que se generan a partir de programas como el de ingreso solidario, matrícula cero y el de apoyo al empleo formal. Recordemos que no hay nada gratis; el contribuyente tiene que pagarlo. La actual no es una reforma tributaria estructural, sino de trámite, light.
En este sentido, la pregunta que deberíamos hacernos es realmente para cuándo debemos esperar que se presente una nueva reforma tributaria que garantice la sostenibilidad fiscal del país. Quien quiera que sea el nuevo inquilino de la Casa de Nariño tendrá que presentar una nueva reforma tributaria en 2022 o en 2023. No veo forma de que no sea así.
Curiosamente, y de manera irónica, varios de los puntos incluidos en la reforma presentada por el exministro Alberto Carrasquilla, que fue retirada, además, por “regresiva”, deberán ser nuevamente traídos a colación en el debate legislativo. De manera pública, los máximos exponentes de la oposición han dado cuenta de esto, cuando han hecho sugerencias en torno a los temas que debería contener la reforma tributaria. Por lo anterior, amables lectores, creo que debemos prepararnos para una reforma tributaria mucho más agresiva en los próximos años. Debemos tener claro que esta reforma que se está considerando, es simplemente un proyecto de ley que busca dar recursos para el último año de Gobierno del presidente Duque y que contempla una serie de medidas (pañitos de agua tibia si se quiere) para mitigar el impacto de la pérdida del grado de inversión.
Ojalá los candidatos a la presidencia aborden este problema de manera seria y clara en sus debates, y presenten propuestas razonables.
