El principal consenso, como quedó demostrado esta semana, es que la salud requiere una reforma.
Lejos de lo que pudiera pensarse, yo creo que la semana pasada, en medio de los ires y venires, de las victorias y derrotas de lado y lado, en el trámite de la reforma de la salud pudo abrirse una ventana de optimismo para su trámite. No quiero entrar en la discusión sobre si la creación de la subcomisión aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes fue una ‘jugadita’ o no. Sus promotores sostienen, y yo les creo, que primaron la buena fe y el deseo de buscar consensos que precisamente podrían comenzar por la aprobación de esta reforma.
Con frecuencia es difícil entender y más aún interpretar a Petro. Pero lo cierto es que sí hizo ese llamado a la búsqueda de acuerdos. Que se haya dedicado después a bombardear su propia iniciativa es otra cosa. Pero qué duda cabe de que el trámite y la eventual aprobación de la reforma de la salud podrían ser el elemento que de una vez por todas nos permita conocer a los colombianos si lo que nos espera estos tres años es la confrontación radical o el consenso.
En la discusión del proyecto se ha avanzado muchísimo. Y, lo que es más importante, creo que por fin tenemos bien identificado que sí es posible llegar a un consenso sin que ni Gobierno ni oposición tengan que cruzar sus llamadas líneas rojas. Bastará con que resolvamos una sola cuestión y es si vamos o no a mantener el sistema de aseguramiento que tanto ha contribuido a mejorar el sistema en términos de cobertura, calidad, oportunidad y racionalidad de costos asociados a la prestación de los servicios de salud. Por supuesto, esta decisión debe ir acompañada del compromiso del Gobierno en estudiar y ajustar el valor de la prima que se destina a cubrir la salud de cada colombiano, al igual que diseñar y ejecutar una estrategia para la atención en el menor tiempo posible de los pasivos existentes con el sistema.
También es indispensable que podamos avanzar en las prioridades ya identificadas y que compartimos en términos de aumentar la atención primaria y los servicios básicos, fortalecer todo el sistema de prevención y la territorialización de las redes mixtas, la eliminación de la intermediación laboral, el pago directo de la Adres a las clínicas y hospitales, la mayor formación de especialistas y, sobre todo, el fortalecimiento de los hospitales públicos en al menos 600 municipios del país, para citar los aspectos más relevantes de las propuestas radicadas, incluidas las nuestras, y que nos hundieron sin fórmula de juicio.
Lo que yo veo francamente es que es posible un acuerdo. El mismo que Petro respaldó el año pasado en las primeras reuniones con los representantes del sector, el que mantenía la colaboración público-privada y el sistema de aseguramiento, y que luego la ministra Corcho dinamitó, como ahora pretende hacer nuevamente con los esfuerzos del ministro Jaramillo. Porque el principal consenso, como quedó demostrado también esta semana, es que la salud requiere una reforma.
Está muy claro que las características de nuestro sistema hacen que su sostenimiento sea costoso. De cada 100 pesos que recibe una EPS, 99 se van en cubrir costos directos. Se tiene una siniestralidad del 103 %, que por supuesto ha llevado a que las EPS tengan acumulada una pérdida de 5,6 billones. Por esta razón todas están en peligro de quebrar. Pero no por una mala gestión, como se ha pretendido señalar, sino por una insuficiencia en los recursos que se destinan al sector.
Si queremos mantener un sistema de calidad mundial como el que tenemos, pues habrá que pagarlo. De allí el llamado urgente a recalcular sobre bases reales la UPC para el próximo año y a poner al día los pasivos con el sector, cercanos a 10 billones. Y dejar de lado las amenazas y bravuconadas, que nada aportan a la solución del problema y sí podrían generar una crisis de incalculables consecuencias para la ciudadanía, pues es evidente que el Gobierno no está en capacidad de responder por la adecuada atención de más de 50 millones de personas hoy vinculadas a distintas EPS a lo largo y ancho del país.
Mi llamado entonces es a que aprovechemos el escenario de la subcomisión para alcanzar este primer gran acuerdo que podría convertirse en la cuota inicial de otros. El Gobierno tiene la palabra. ¿Podrá ser esto posible?
P. D. Por cierto, 27.000 trámites represados en el Invima, y la entidad aún en encargo.
