El pésimo desempeño de la casi totalidad de los sectores económicos que todos veníamos advirtiendo quedó ahora ratificado con las cifras publicadas por el Dane, y que señalan que nuestra economía entró en números rojos. Franca recesión que se agravará en el último trimestre. 

Por su impacto en el empleo y como dinamizador de múltiples sectores, la vivienda constituye el primero en atraer la atención para exigir del Gobierno respuestas oportunas y suficientes. Pero eso es precisamente lo que ha faltado. Las ventas caen en 47 %; las viviendas iniciadas, igualmente, en un 61,4 %, y las licencias de construcción, en casi un 50 %. Los desistimientos crecieron en un 83 % o, lo que es lo mismo, ceca de 35.000 familias tuvieron que renunciar al sueño de tener su casa. Miles y miles de empleos perdidos. Me sumo a los que afirman que este sí es el verdadero cambio. 

Todo esto es el resultado de una pésima política pública sectorial, de la improvisación, de la incapacidad de ejecutar los recursos que estaban disponibles, de una persecución a los empresarios y de otras decisiones que han desestimulado la actividad. Comencemos por señalar que la carga tributaria efectiva del sector de la construcción oscila entre el 57 y el 69 % de sus utilidades. Los impuestos que recaen sobre la propiedad inmueble son prácticamente confiscatorios. 

Al predial hay que sumar los de valorización, como en el caso de Bogotá, donde son permanentes; el de plusvalía, el de patrimonio y los posibles efectos derivados de la nueva tasa de tributación depurada. A ello hay que añadir los derivados de cualquier transacción, como son los de timbre (nueva tasa del 1,5 %) beneficencia, registro y derechos notariales. Todo esto sin considerar los impuestos imputables al constructor. 

Y ahora, en el peor momento, viene el Gobierno a radicar un proyecto dizque para evitar incrementos desbordados en el impuesto predial. Presidente y ministros han tenido que salir a explicar el propósito de este despropósito, pero se han encontrado con la cruda realidad, esto es que nadie les cree.

Porque los ciudadanos saben que este proyecto se traducirá en incrementos del valor catastral de la propiedad y del consiguiente impuesto predial. Y que afectará no solo a los predios rurales sino también a los urbanos, y no solo a los de mayor valor sino, incluso, a los de interés social cuyo tope se eleva hasta un 50 % y progresivamente hasta un 300 %, incluso para aquellos predios cuyo catastro ya está actualizado. Y llega cuando la propiedad inmueble ha experimentado una de sus peores caídas y nada se vende ni se compra, en un generalizado ambiente de incertidumbre y desconfianza. 

El catastro de Bogotá lleva varios años incrementándose automáticamente, y las personas tienen ya que disponer de una parte considerable de sus ingresos para pagar el impuesto predial.

A nadie, por supuesto, se le ocurre pensar en la capacidad de pago de los contribuyentes de este impuesto confiscatorio que es violatorio de ese principio esencial de la tributación. Sería el colmo que el Congreso aprobara esta inconveniente e inoportuna iniciativa. Aunque, pensándolo bien, sería mejor que lo tramitaran para ahora sí ver a millones de colombianos marchando enfurecidos. 

En esta misma línea, cómo no recordar todas las alarmas que prendimos los contradictores de la reforma tributaria del ministro Ocampo señalando el mal momento en que fue presentada y las consecuencias que traería en materia de crecimiento de nuestra frágil economía.

Todo lo advertido ocurrió y ya comienzan a verse los resultados. Bonilla y Ocampo ahora se muestran sorprendidos con el pobre desempeño de nuestra economía. Pero ya no es momento de justificaciones y de excusas. El mal está hecho y ojalá no lo profundicen ahora con la eliminación de la regla fiscal, cuyas consecuencias también están advertidas. 

Y a propósito de más impuestos municipales, cómo no advertir la avalancha de publicidad con que quieren despedirse los mandatarios regionales. Miles y miles de millones derrochados para aceitar campañas de autoelogios, antesala de las ya nada ocultas aspiraciones de los futuros candidatos. Hago un llamado a que se cauterice esta vena rota que a mi modo de ver constituye una malversación de fondos públicos con claro detrimento patrimonial para ciudades y departamentos.