Lo que ocurre en Israel y en la Franja de Gaza -en donde se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos-, como lo que ha venido sucediendo desde hace más de un año en Ucrania, y lo que a diario sucede en Colombia -en un conflicto que guerrilleros y paramilitares no quieren terminar- no es otra cosa que la vulneración ostensible de claras reglas del Derecho Internacional Humanitario, que busca proteger a la población civil. No se ha logrado, y parece que las organizaciones terroristas y los mismos funcionarios estatales consideran viable y estratégico involucrar a la población civil para su propio beneficio, convirtiendo a personas ajenas al conflicto -sin importar si son hombres, mujeres, niños o ancianos- en moneda de cambio. Véase que así lo acaba de hacer Hamás, cuando, además de asesinar cobardemente a cientos de civiles indefensos que participaban en un festival musical, ha secuestrado a muchas personas y familias israelíes y no israelíes -inclusive colombianas, residentes o visitantes-, en busca de intercambio con el Gobierno de Israel.
A nuestro juicio, el Gobierno, a nombre del Estado colombiano, ha debido ser más contundente y claro en el sentido de rechazar y condenar las acciones de los terroristas impulsados por Hamás, señalando que esos crímenes quebrantan el Derecho Internacional Humanitario, al que nos acogemos.
Claro, aunque existan razones y argumentos, desde hace tiempo expresados, sobre la búsqueda de la paz en esa región y la necesidad de un Estado palestino, nada justifica el uso del crimen y la violencia -menos todavía contra los civiles-, porque ella genera necesariamente más violencia, como lo estamos viendo. Los ataques de Hamás, sorpresivos y programados por el terrorismo contra personas inocentes, y -posteriormente- las numerosas incursiones que, de uno y otro lado, han tenido y siguen teniendo lugar, no deben continuar. La comunidad internacional debe rechazar tales acciones. De algo ha de servir la Organización de Naciones Unidas -que para eso fue creada-, y se debe buscar, mediante el diálogo, alguna solución. No debe continuar el sacrificio de miles de personas, muchas de las cuales -en especial, niños y jóvenes- nada han tenido que ver con los orígenes históricos de ese conflicto, y es injusto que ellos y sus familias tengan que pagar por lo acontecido desde hace tantos años, desde los comienzos del siglo XX. Con tantos antecedentes respecto a los cuales -digámoslo con franqueza- la comunidad internacional ha sido completamente incapaz, pese a los acuerdos y pactos firmados y supuestamente vigentes.
Pero, por otro lado, cabe preguntar si el Derecho Internacional ha cumplido una función -si ha servido para algo- en este y otros conflictos. Me preguntaban mis alumnos si -ante una sucesión de hechos criminales tan graves como los que hemos visto en Israel desde el sábado último, o frente a la impunidad de los llamados “falsos positivos” o las fosas descubiertas recientemente en la frontera entre Colombia y Venezuela- sirve de algo ese Derecho que enseñamos en las facultades.
Mi respuesta. El problema no es del Derecho en cuanto tal, sino de quienes lo aplican, muchas veces incapaces o cómplices.
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