A finales de la década de los 70, familias humildes invadieron terrenos ásperos e inhabitados, llenos de cujíes, matorrales y grandes piedras. Poco a poco, levantaron allí ranchos de cartón o madera, que con el tiempo reemplazaron por pequeñas casas de bahareque o ladrillo, con techos de eternit y láminas de zinc.

De ese asentamiento surgió lo que hoy se conoce como barrio Buenos Aires. A diferencia de lo que muchas personas piensan, este nombre no fue dado en honor a la capital de Argentina, sino que, al estar cerca al aeropuerto internacional Camilo Daza, los habitantes solían decir que las fuertes ráfagas de viento que se generaban eran ‘buenos aires’.

Los terrenos, en un principio, pertenecían a Sodeva Limitada, pero, con el paso del tiempo, las personas comenzaron a comprar los lotes de forma legal y construyeron sus viviendas adecuadamente.

Alberto Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), relató que comenzaron a ser considerados como barrio legalizado hasta 1983, cuando obtuvieron la personería jurídica.

Junto a la malla del aeropuerto internacional Camilo Daza hay otra cancha de fútbol que no es usada por sus malas condiciones.

Servicios públicos, un proceso lento

Debido a que estos terrenos eran completamente baldíos y solo estaban cubiertos por maleza, los servicios públicos no llegaban. Las velas eran las encargadas de iluminar las residencias en las noches, mientras que, para el uso del agua, los habitantes debían comprar carrotanques de agua.

Las familias construían tanques de grandes dimensiones en sus casas y los llenaban cada vez que llegaba el vehículo de suministro, incluso así seguía sin ser suficiente.

Las mujeres que se encargaban de las labores del hogar debían desplazarse hasta el barrio San Luis con los bultos de ropa y lavarla a orilla del río Pamplonita.

Fue hasta finales de la década de los 80, durante el mandato de Margarita Silva, que pusieron el servicio de agua y alcantarillado, que desde entonces los surte.

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) fue la que se encargó de instalar los primeros postes que iluminaron las calles y las viviendas.

La delincuencia ha dañado las máquinas biosaludables y han robado piezas durante las noches.

Un sueño incompleto

Desde sus inicios, los habitantes de este sector de la ciudadela Juan Atalaya han mantenido firme el anhelo de fortalecer el deporte mediante la construcción de un complejo deportivo con varias canchas multifuncionales.

En 2018, Coldeportes se encargó de cumplir ese sueño, con una inversión que superó los dos mil millones de pesos.

La construcción incluyó una gran cancha sintética de fútbol con gradería, cancha multifuncional con cubierta, un parque infantil, un parque de juegos biosaludables, ciclorruta, senderos peatonales y zonas verdes.

A pesar de que el complejo cumplió con casi todas las expectativas, la iluminación se volvió deficiente, de tal manera que, de acuerdo con el presidente de la JAC, la delincuencia aprovecha la oscuridad para robarse partes de los parques biosaludables y la cancha de ping pong.

 “Hemos tratado de organizar todo, incluso a los vendedores que usan los chalecos con el nombre de la cancha para que los identifiquen, pero el tema de los robos y drogas se nos ha salido de las manos”, precisó Gómez.

La Parroquia Santo Niño de Atocha fue construida en 2019, en un trabajo conjunto entre comunidad y Diócesis.

La deuda millonaria

En la anterior administración, desde que se remodeló el parque por obra de la empresa Unión Temporal Buenos Aires, los vecinos del sector no han podido hacer uso de él por completo.

La comunidad manifiesta que la obra nunca fue entregada al 100 por ciento, pues la empresa dejó una deuda de 7’830.000 millones de pesos por concepto de alumbrado público y energía, por lo que, a inicios del 2020, Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) decidió cortar el servicio.

“Es un parque recreativo, lo utilizan adultos mayores, niños, jóvenes y personas que hacen deporte, pero al empezar la noche es imposible quedarse allí”, expresó Jefferson González, edil de la comuna 7.

Luego de aquel incidente, la inseguridad aumentó considerablemente. La comunidad señala que los jóvenes se reúnen en el parque después de las 6 de la noche, en especial en la zona de las barras laterales, momento en el que la oscuridad es ideal para consumir sustancias psicoactivas, hurtar a la comunidad y, en algunas situaciones, practicar actos sexuales en el lugar.

El sector, por medio de una solicitud que se radicó en la Alcaldía de Cúcuta, gestionó un convenio entre la alcaldía y las empresas de servicios públicos para preservar la luz del establecimiento deportivo durante todo el año pasado, hasta diciembre del 2020.

Sin embargo, en febrero de este año cortaron de nuevo el servicio público, recreando la pesadilla de inseguridad que habían creído superar. La comunidad tuvo el apoyo de la fuerza policial durante unas semanas, pero la medida funcionó hasta que ellos dejaron de ir.

El consorcio, por su parte, aseguró que no tiene injerencia en el problema, señalan que sus cuentas se reducen a hacer mantenimiento y acciones operativas, por lo que los arreglos tienen que ser efectuados por CENS y la administración actual.

La Alcaldía fijó una fecha para ejecutar una visita técnica y estudiar la gravedad de la situación, pero la incumplió.

Los vecinos están a la expectativa de la respuesta que dé la administración municipal. Afirman que pagan sus servicios de electricidad y ahí se discrimina el concepto de alumbrado público, por lo que les parece injusto pagar por un problema en el que no tuvieron nada que ver.

CENS aseguró que la administración municipal asumirá la deuda de la cancha para proceder a reconectar el servicio por parte de la empresa, tomando como punto de partida el compromiso de la alcaldía para gestionar de servicio provisional a definitivo.

Planeación Municipal adelantó que el caso está en revisión a través de la Subdirección de Gestión y Supervisión de Servicios Públicos, a la espera de dar respuesta