Luego de más de 4 años sin una solución, los habitantes de Cormoranes exigen una audiencia pública a las autoridades encargadas del seguimiento y control del caso.
También piden una intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pues la última vez solo les fueron otorgados 50 cupos para el programa infantil ‘De Cero a Siempre’, cuando en Cormoranes son más de 400 niños los que no se benefician de servicios educativos.
Hoy, el CDI es un peligro inminente y una zona de riesgo. Y aunque en el lugar funciona una vigilancia privada durante las 24 horas del día, la comunidad teme que la curiosidad de los niños los lleve a entrar a escondidas a este sitio y corran el riesgo de ser víctimas de la caída de alguno de los tantos muros en deterioro.
“En campaña, los candidatos vienen y hacen política con la presunta demolición del CDI, pero, una vez son elegidos y llegan a los cargos, no cumplen y tampoco se les vuelve a ver. Ante esto, hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se apersone de este acto de corrupción tan grande que existe en Cormoranes, porque incluso los entes de control han guardado silencio”, manifestó José Ordóñez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio.
Según Ordóñez, Jairo Yáñez ha sido el único que, no desde su competencia de funcionario público, sino como ciudadano e ingeniero que es, vio la necesidad que aqueja a los habitantes, y, molesto, opinó que era urgente la demolición de la construcción.
Pero mientras pasa el tiempo y continúan a la espera de una solución, se siguen preguntando: ¿qué hay detrás de la tardía demolición del CDI de Cormoranes?
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