Desde antes de mayo del año pasado, los habitantes de las calles 6CN y 7N, en el barrio Ceiba II, vienen siendo afectados por un supuesto cúmulo de gases que ha hecho que respirar su propio aire y vivir en sus propias casas se convierta en una pesadilla.

Luz Estela Romero Jaimes es una de las vecinas más afectadas por el problema. Relata que un insoportable hedor a cloro sale todos los días de una casa utilizada como tintorería.

“La ley prohíbe que en las zonas residenciales se trabaje en este tipo de actividades, para eso hay lugares especiales señalados por el Gobierno, pero lo hemos denunciado a las autoridades y no han hecho absolutamente nada por solucionarlo”, dijo Romero.

Como abogada de profesión, Romero, a nombre de los afectados, se ha apersonado de la situación y ha venido adelantando los procesos en contra de la casa donde se estaría llevando esta actividad cuestionada por los vecinos.

Cuando la contaminación no es química, manifiestan que es auditiva. Incluso en las noches, fuertes golpeteos les arrebatan el sueño.

A raíz de estos problemas, ya han sido varios los vecinos cuya salud ha sido comprometida. Romero es una de las damnificadas. De acuerdo con las valoraciones médicas, perdió la audición en el oído izquierdo, y a 4 meses de esa pérdida irreparable, el derecho también comienza a vérsele afectado.

Fabiola Bru Mercado es otra de las más afectadas, por vivir detrás de la casa que señalan. Cada día amanece con comezón, ardor en la garganta, en los ojos y con el rostro hinchado.

“Aquí no hay un día en el que no estemos enfermos, hasta la perra amanece mal. Los sifones y ventilaciones mantienen tapados de olores podridos a carne de cerdo. Nos están matando y nadie hace nada”, contó Bru Mercado.

La única forma en que Fabiola logra que disminuyan los olores para sentirse un poco más aliviada, es después de largas horas en las que discute desde su patio con los del patio conexo para que detengan sus actividades.

Otros- asegura esta vecina- han sufrido de sinusitis, ojos y párpados hinchados o han perdido el olfato y el gusto, y no por síntomas de la COVID-19.

Dicen que estos olores se exhalan durante todo el día, a toda hora, camuflados con olores a carne asada, espray de pino y flores, orines, llanta quemada y algunas otras pestilencias.

“Ya van dos veces en las que todos hemos tenido que salir a las 2:00 de la mañana de nuestras casas porque el olor a llanta quemada es insoportable. Esa vez llamamos a la Policía, pero se cansan de tocar y no les abren”, agregó Luz Estela.

El proceder de la comunidad

Romero cuenta que, aunque la situación se ha tornado crítica, diferentes autoridades competentes en el tema no han podido darles una respuesta oportuna, motivo por el que se sienten olvidados, ahogándose a paso lento en los gases que los acechan, mientras sus derechos fundamentales a la vida y a la salud son vulnerados.

En medio de su desespero, la comunidad, en reunión con la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor), le ha solicitado la instalación de unos sensores que registren los niveles de cloro disueltos en el aire y el agua o cámaras con visión nocturna, para obtener pruebas contundentes con la que puedan tomar acciones legales, pero señalan que, ante la falta de recursos de la entidad en esa oportunidad, la respuesta de Corponor fue negativa.

También han enviado derechos de petición, pero aseguran que la Procuraduría no ha hecho un seguimiento a las cartas.

El equipo de La Opinión visitó la casa en cuestión durante algunas ocasiones e intentó comunicarse con los habitantes de la vivienda en reiterados momentos, pero no se obtuvo respuesta en ninguna de las oportunidades.

Solo por medio de Corponor se conocieron los oficios levantados el 28 de mayo de 2020, donde se dejó evidenciado que los ocupantes de la vivienda se dedican a la fabricación de tapabocas y, en algunos momentos, a batas quirúrgicas. En un cuarto de la segunda planta, trabajan con máquinas de confección, independientes a la casa.

En el momento de la inspección, Corponor relató que no hubo ruido que trascendiera al espacio público, ni que se utilizaran insumos químicos para el procesamiento de telas, y que los únicos químicos hallados correspondían a productos de uso doméstico.

Los habitantes relataron a la entidad que anteriormente tenían una fábrica de confección en Venezuela, pero que, dada la situación, trasladaron sus máquinas a la ciudad para trabajar en la confección de insumos de protección para la emergencia sanitaria.

Luego de esta visita, tras no encontrar pruebas suficientes, Corponor dictaminó que no se evidenciaba afectación ambiental, pero que debían suspender la confección en horario nocturno por tratarse de una zona residencial.

Nuevas medidas

Con la llegada de nuevos funcionarios y el aumento de solicitudes y oficios de los vecinos de Ceiba II por afectaciones a su salud, Lorena Rodríguez, nueva jefe de Control y Vigilancia, contó que la entidad implementó 38 encuestas a casas circunvecinas, en las que se consiguieron 16 reportes del caso.

Rodríguez también agregó que, hasta no tener las pruebas contundentes, procederán a aplicar una medida preventiva para que, si en algún momento los residentes de la vivienda deciden utilizar químicos, detengan su actividad.

“No sabemos qué es, por eso es una medida a prevención de que puedan hacer algo. Si, por ejemplo, usan el cloro para limpiar su carro, debe ser usado a una medida normal y no a cantidades que excedan al espacio público y alteren a los vecinos”, manifestó Rodríguez.

Para dar cumplimiento a la medida, el proceso ya pasó a la Alcaldía de Cúcuta, que, en un trabajo conjunto, involucrará a la Secretaría de Salud y otras entidades.

De igual forma, Rodríguez adelantó que ya se encuentran en proceso de búsqueda de un aparato para medir y registrar los olores disueltos en el aire.

Por otra parte, Planeación Municipal señaló que este tipo de actividades en zonas residenciales están prohibidas y que solo se permiten en lugares específicos con los respectivos permisos.